El crecimiento de la inteligencia artificial y de las grandes infraestructuras digitales puede tener un coste que va mucho más allá de la tecnología: el recibo de la electricidad. España se encuentra ante una decisión que afecta tanto a su capacidad para atraer inversiones millonarias como al bolsillo de millones de consumidores. Si el Gobierno no consigue sacar adelante la normativa que obliga a los centros de datos a respaldar su actividad con energía renovable, los hogares y las empresas podrían asumir un sobrecoste cercano a los 2.000 millones de euros anuales. La advertencia procede de una modelización elaborada por los expertos internacionales de PyPSA Labs, que analiza cómo cambiaría el funcionamiento del sistema eléctrico español ante la incorporación de 4.000 megavatios (MW) de potencia de centros de datos. Sus resultados apuntan a un problema estructural: estas instalaciones necesitan electricidad de manera constante, incluso durante las horas en las que la producción solar y eólica disminuye.
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