El colectivo Derecho al Techo, en colaboración con el Observatori DESCA, ha alertado sobre los graves efectos de la política de vivienda protegida impulsada por el Gobierno de Canarias, al que acusan de incurrir en discriminación institucional. Durante la presentación de un detallado informe técnico, se ha puesto de manifiesto que el modelo actual deja fuera del sistema público a una parte muy significativa de la población por no cumplir con los umbrales mínimos de ingresos exigidos o por no alcanzar los exigentes periodos de residencia continuada. Según los datos difundidos, el 26,2% de los hogares españoles de entre 35 y 65 años no llega a los ingresos requeridos para acceder al régimen general de promoción pública, una cifra que se eleva hasta el 52,3% en el caso de la población de origen extranjero. Esta situación de vulnerabilidad afecta de manera muy directa a más de 68.000 hogares inquilinos en las islas con ingresos netos inferiores a los mil euros mensuales, cebándose especialmente con las familias monomarentales y con los menores a su cargo. El informe profundiza además en las consecuencias del decreto autonómico recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Entre los puntos más contestados se encuentran la exigencia de haber residido de forma ininterrumpida durante doce años en el archipiélago y cinco en el municipio correspondiente para optar a una vivienda protegida, una medida que equiparan a planteamientos de prioridad territorial restrictiva. Estas condiciones, unidas a las dificultades añadidas para el empadronamiento y al racismo inmobiliario, impiden el acceso a miles de personas que sostienen sectores esenciales como la hostelería o la alimentación, trasladando el castigo de la exclusión habitacional también a la infancia. Fuente: La Voz De Lanzarote #ViviendaCanarias #DerechoAlTecho #ExclusiónSocial #PolíticaDeVivienda #Canarias
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