El Congreso de Guatemala se prepara para discutir la iniciativa 6746, un esfuerzo legislativo que busca combatir las comunicaciones ilícitas en las cárceles y frenar el poder de las estructuras criminales que operan desde allí. La propuesta contempla penas de seis a diez años de prisión y multas de hasta 500 mil quetzales para quienes faciliten el uso de dispositivos de comunicación prohibidos. También se establecerán nuevas responsabilidades para las empresas de telecomunicaciones, que deberán colaborar con las autoridades para identificar y desactivar actividades delictivas. Las medidas no solo impactan a los internos, sino que también implican restricciones para el personal de las cárceles y autorizaciones excepcionales para la adquisición de tecnología de seguridad. Con esta iniciativa, se espera abordar de manera más efectiva los problemas de extorsión, amenazas y ejecuciones que se coordinan desde los centros penitenciarios. Esta propuesta es un paso crucial, pero también genera inquietud sobre el manejo de la tecnología y los mecanismos de contratación del Ministerio de Gobernación. Seguiremos informando sobre los avances en su aprobación. #Guatemala #Justicia #Cárceles #Seguridad #Legislación
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