El uso partidista de la política de vivienda por parte del Ejecutivo, convertido en un instrumento de movilización electoral, está generando efectos profundamente negativos en el mercado inmobiliario español. Las medidas y discursos enfocados en penalizar la propiedad privada y cuestionar el beneficio legítimo de los inversores consiguen el efecto contrario al deseado: ahuyentan la inversión, reducen drásticamente la oferta disponible de pisos en alquiler y abandonan sin soluciones reales a los ciudadanos que necesitan acceder a una vivienda digna. Fuente: Siglo XXI
También lo cubren: Diario Siglo XXI.
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