La vivienda es uno de los principales desafíos de Canarias. Abordamos la propuesta del Gobierno autonómico para limitar la compra por parte de personas no residentes. Alfonso, ¿en qué consiste esta iniciativa y cómo se ha trabajado? Una medida que lleva tiempo preparándose, al margen de la actualidad política y las recientes movilizaciones sociales. Desde marzo de 2025 contamos con informes y un sólido trabajo técnico, elaborado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y expertos en Derecho Administrativo y europeo. Hemos estudiado el marco normativo para sustentar una propuesta clara: limitar la compra de viviendas por parte de personas no residentes en Canarias. Estamos en un mercado libre y europeo, por lo que la medida podría aplicarse por fases. Una primera opción sería limitar las compras de personas de fuera de la Unión Europea, como rusos o británicos, que adquieren habitualmente viviendas en el archipiélago. Consideramos que la propuesta tiene encaje en el marco jurídico europeo y español. Además, la realidad varía entre islas y municipios, mientras algunos sufren un fuerte crecimiento poblacional y una elevada presión sobre la vivienda, otros pierden población y envejecen. Por eso, Canarias necesita medidas específicas, y hemos trabajado técnicamente esta propuesta con solvencia. Hablamos de una propuesta que exige diez años de residencia en Canarias, y quince si no son continuados. Consideramos que esta medida es importante, pero forma parte de un conjunto de iniciativas que ya estamos impulsando. Hemos planteado cuatro modificaciones legislativas para reducir de dos años y medio a seis meses el plazo para obtener una licencia de construcción, algo que ya es posible en Canarias. A ello se suma una inversión de casi 200 millones de euros y la adjudicación de las 4.000 viviendas de protección oficial o asequibles que están en construcción a personas que lleven más de diez años residiendo en las islas. Este requisito ya se aplica a las viviendas asequibles. Ahora proponemos extenderlo a quienes quieran comprar una vivienda en Canarias. El objetivo es que las viviendas sean para quienes quieren vivir aquí, contribuir al desarrollo de las islas y construir su proyecto de vida, no para quienes vienen temporalmente, especulan o mantienen sus propiedades cerradas durante gran parte del año. Si se destinan a un negocio turístico, debe regularse y gravarse mediante tasas e impuestos acordes con esa actividad, diferenciándola del alquiler residencial de larga duración. ¿Qué respuesta han recibido en Canarias durante los primeros días? En los primeros días, la respuesta fue muy positiva y existe un amplio consenso sobre la necesidad de actuar en materia de vivienda. Estamos trabajando en la simplificación administrativa, aumentando la inversión pública, impulsando la hipoteca joven y los bonos de alquiler, y construyendo 4.000 viviendas. Creemos que esta propuesta puede marcar un antes y un después, al exigir diez años de residencia a quienes quieran comprar una vivienda en Canarias. También consideramos razonable que quien destine una vivienda a un negocio turístico, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, tenga una tributación diferente de quien la utiliza como residencia. Las viviendas vacacionales constituyen una actividad económica que debe contar con las autorizaciones y las cargas fiscales correspondientes. Sin embargo, no es una propuesta definitiva y seguimos dialogando, aunque la acogida está siendo positiva y seguimos dialogando con el resto de las formaciones políticas para avanzar en esta cuestión. Además, ¿les preocupa que Bruselas invoque las reglas del libre mercado y que el Gobierno central frene la propuesta? ¿Confían en su viabilidad jurídica, dado el trabajo realizado con especialistas? La propuesta cuenta con una base técnica sólida, aunque su aplicación se plantea por fases. Una de las vías sería modificar la Ley de Bases del Régimen Local, para que los ayuntamientos tengan competencias para in
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