El pleno del Parlamento de Galicia ha rechazado este martes, con los votos en contra del PPdeG, el grupo mayoritario de la Cámara, una proposición de ley del PSdeG para extender y hacer permanente la regulación que se aplica sobre las viviendas protegidas que existen en esta comunidad. Esta propuesta, consistente en la modificación de la norma autonómica de vivienda, sí ha contado con el apoyo de todos los grupos de la oposición en el Parlamento. El diputado socialista Aitor Bouza ha defendido que la vivienda protegida « non pode acabar sometida » a las reglas del libre mercado y ha acusado al PP de permitirlo por los cambios legales aprobados tras su llegada a la Xunta en 2009, que modificaron la ley impulsada por el anterior bipartito conformado por PSdeG y BNG. Bouza ha indicado que en este momento solo es permanente la protección que rige sobre las viviendas públicas o construidas en suelo público, lo que no incluye a los inmuebles protegidos de iniciativa privada, que pueden salir al mercado libre tras treinta años, o quince en el caso de haber estado destinados a alquileres regulados. La diputada del BNG, Alexandra Fernández , ha coincidido con lo expuesto por el diputado del PSdeG y ha afirmado que, con el modelo actual, « o esforzo público evapórase » pasados unos años, por lo que requiere permanentemente de nuevas inversiones. « O PP insiste en levarnos ao pasado », ha sostenido Fernández, muy crítica con el balance en materia de vivienda del anterior presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo , por entender que fue favorable a la «especulación» en el sector inmobiliario. Por su parte, Roberto Rodríguez , del PPdeG, tras dedicar buena parte del inicio de su intervención a hablar del accidente ferroviario acontecido en Urda (Toledo) y criticar al Gobierno central por este tema, ha justificado el rechazo de su partido al cambio legal promovido por el PSdeG. Así, ha achacado la crisis actual en el acceso a la vivienda a la gestión del Ejecutivo estatal y, entre otras medidas, ha reclamado al Gobierno que ceda a Galicia de manera gratuita los inmuebles de la Sareb en esta comunidad para incorporarlos al parque público.
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