Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han arrancado este miércoles dos días de huelga con piquetes informativos en los campus. La convocatoria alcanza a unas 234.000 personas: cerca de 207.000 estudiantes, unos 18.750 docentes e investigadores (PDI) y alrededor de 8.700 trabajadores técnicos, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de la Complutense, la Autónoma, la Politécnica, la Carlos III, la Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá. La huelga la han convocado CCOO, CGT, CNT y UGT a iniciativa de la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública. Con ella, la protesta educativa madrileña se extiende a todas las etapas: los docentes de infantil, primaria, secundaria y FP mantienen su propia huelga indefinida desde el 14 de octubre. La convocatoria llega tres semanas después de la intervención policial del 14 de octubre ante la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, que se saldó con cinco detenidos y ocho heridos. La financiación es el eje del paro. Los convocantes sitúan la aportación pública a las universidades madrileñas en torno al 0,4 % del PIB regional. Lo comparan con la media española, que cifran en el 0,75 %, y con la europea, en el 0,92 %. La referencia que esgrimen es la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Su artículo 55.2 fija que el Estado, las comunidades autónomas y las universidades compartan el objetivo de destinar al menos el 1 % del PIB a la universidad pública, en el horizonte de 2030. Es una meta para el conjunto del país, no un mínimo fijado para cada comunidad autónoma. Madrid responde con el modelo de financiación plurianual pactado con los seis rectores y aprobado el 20 de mayo, que suma 14.800 millones hasta 2031. Pero no todo es dinero autonómico nuevo. El propio texto lo desglosa en tres partidas: La segunda partida coincide con los precios públicos que abonan los estudiantes: la Comunidad atribuye 12.294,6 millones a sus presupuestos y al capítulo de precios públicos). Además, el acuerdo advierte de que las cuantías son «programáticas y orientadoras» y dependen de los créditos que apruebe cada año la Ley de Presupuestos. La aportación autonómica sube un 10,4 % en 2026 y un 10,6 % en 2027, pero a partir de 2029 crece en torno al 3 % anual. En 2031 será de 1.640 millones, 480 más que en 2025. Las plataformas calculan que el modelo solo llevará la financiación hasta cerca del 0,5 % del PIB. Mientras tanto, los campus arrastran déficits. La Complutense pidió a la Comunidad un crédito de 34,5 millones y aprobó un plan de ajuste de 33 millones. La Rey Juan Carlos estudia ahora un préstamo de 40 millones. El acuerdo prevé que esos préstamos puedan descontarse de los fondos de convergencia y adicional entre 2028 y 2031. El segundo gran motivo es la competencia de la universidad privada. La región cuenta con seis universidades públicas y trece privadas ( informe INAECU, UAM ). La red pública no ha sumado ningún centro en casi tres décadas, mientras la Consejería tramita la creación de otras tres privadas. Madrid es el caso más acusado de España. Con el 14 % de la población, concentra el 31 % de las universidades privadas del país y el 42 % de sus estudiantes presenciales. Aun así, las públicas siguen formando a la mayoría: unos 204.000 alumnos, frente a algo más de 100.000 en las privadas, según la propia Consejería. Tres de las reivindicaciones de la Coordinadora apuntan a lo que llama la «privatización» del sistema. Exigen que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deje de promover la educación privada, que gestione la universidad como un servicio público y que dimita la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Los convocantes vinculan la falta de fondos con la presión sobre los campus para buscar ingresos privados. El tercer frente son las condiciones de trabajo del profesorado. La Coordinadora reclama una subida salarial, garantías de promoción, estabilidad en el empleo y el fin de los contratos precarios. También pide la reposición completa de cad
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