En plena precampaña electoral, los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, se han visto obligados a intentar tranquilizar a la opinión pública tras los planteamientos catastrofistas de sus partidos sobre las pensiones públicas . Ambos parecen enredados en sus propias contradicciones: mientras Feijóo asegura que la revalorización conforme al IPC y la sostenibilidad son «innegociables», Abascal afirma que las pensiones se pagarán «como sea, por un sistema o por otro». Se afirma con frecuencia que España gasta demasiado en pensiones y que el sistema está abocado a la quiebra. Sin embargo, los datos no respaldan ese diagnóstico La propuesta de Vox de destinar parte de las cotizaciones a planes de capitalización individual, defendida por José María Figaredo al calificar el sistema de « zombi » y « quebrado », deja muchas cuestiones sin respuesta: ¿cómo se pagarán las pensiones actuales si una parte de los ingresos se desvía para financiar futuras pensiones privadas? La Seguridad Social tendría que seguir abonando las prestaciones reconocidas, pero dispondría de menos recursos. La diferencia debería cubrirse con impuestos, transferencias del Estado o deuda. Pero difícilmente podrá hacerse si, al mismo tiempo, Vox plantea fuertes rebajas fiscales que reducirían los ingresos públicos. ¿De dónde saldrían entonces los recursos para mantener las pensiones? En el PP tampoco hay un mensaje coherente. Mientras su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sostiene que las pensiones «van a colapsar», que el sistema «va a petar» y apela a la necesidad de ser valientes, cabe preguntarse: ¿para hacer qué? Por su parte, Juan Bravo, responsable económico del partido, vincula la sostenibilidad del sistema a la evolución de la productividad y los salarios , mientras mantiene como premisa la bajada de impuestos. Estas posiciones se contradicen con las anteriores declaraciones de Feijóo. El PP debe explicar cómo concilia estos mensajes y cómo financiará las garantías que dice defender. Nuestro sistema público de pensiones se fundamenta en los artículos 41 y 50 de la Constitución , que obligan a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social y garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. La Ley General de la Seguridad Social establece en sus artículos 109 y 110 las fuentes de financiación y el sistema de reparto. Esto significa que las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores se destinan a financiar las pensiones de quienes ya están jubilados, en lugar de acumularse en cuentas individuales para la jubilación futura de cada persona. Esta financiación se complementa con aportaciones del Estado para atender las prestaciones no contributivas, los complementos a mínimos y otros gastos que corresponden a los presupuestos públicos. La Constitución también reconoce las prestaciones complementarias, que pueden ampliar la protección, pero no sustituir el sistema público. Según Eurostat, en 2023 el gasto total en pensiones representó el 13,1% del PIB español, por debajo de Italia (15,5%), Francia (14,6%), Austria (14,4%), Grecia (14%) y Finlandia (13,7%) Frente a los planteamientos del PP y Vox, el PSOE, el Frente Amplio, ERC, el PNV y otras fuerzas políticas defienden este modelo público, basado en la solidaridad entre generaciones. La mayoría de las fuerzas parlamentarias respaldaron las reformas de pensiones de 2021 y 2023, dirigidas a afrontar el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom . El PP y Vox apoyaron las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, pero después rechazaron las reformas acordadas en el diálogo social. Tampoco apoyaron la reforma laboral de 2021, pactada por el Gobierno con los sindicatos y las organizaciones empresariales, que impulsó la contratación indefinida y redujo la temporalidad. La reforma de 2021 recuperó la actualización anual de las pensiones conforme al IPC, derogó los recortes de 2013 y reforzó la financ
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