El salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir en 2027, pero esta vez lo hará en medio de un desacuerdo sin precedentes entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, ha fijado un incremento del 5,3%, que situaría la remuneración mínima en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, frente a los 1.221 euros actuales. La propuesta supone 65 euros más al mes y un salario anual de 18.004 euros. La cifra marca una decisión política y económica que va más allá de una actualización salarial. El Ejecutivo pretende garantizar que quienes perciben los ingresos más bajos no pierdan capacidad de compra ante el encarecimiento de la vida, pero ha optado por avanzar sin el respaldo formal de los agentes sociales. Una situación especialmente significativa porque, desde que Díaz asumió la cartera de Trabajo, los acuerdos con los sindicatos habían acompañado las anteriores revisiones del SMI. La propuesta también supera la recomendación de la comisión de expertos del propio ministerio, que había planteado un incremento del 4,9%, equivalente a unos 1.281 euros mensuales. Trabajo ha añadido cuatro décimas para compensar parte del poder adquisitivo perdido durante 2026, cuando los precios evolucionaron por encima de la subida salarial aplicada en enero. Las organizaciones sindicales consideran insuficiente el incremento anunciado. Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) mantienen su reivindicación de elevar el salario mínimo un 7%, una propuesta que habría situado la remuneración mensual por encima de los 1.300 euros. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ya ha advertido de que su organización no piensa abandonar esa exigencia. El desacuerdo no responde únicamente a la diferencia entre porcentajes. Los sindicatos también reprochan al Ministerio de Trabajo que todavía no haya cumplido algunos compromisos vinculados a anteriores negociaciones. Entre ellos figura la modificación de las reglas de compensación y absorción de complementos salariales, que permitiría evitar que determinadas empresas eliminen pluses cuando aumenta el salario mínimo. También reclaman un refuerzo del registro horario para combatir los incumplimientos relacionados con las jornadas laborales. Este último asunto añade tensión a una negociación que llega en un momento especialmente delicado. El Gobierno ha prometido avanzar en el control horario, aunque su aprobación continúa pendiente. Por tanto, la subida del SMI se ha convertido también en un termómetro de las relaciones entre el Ejecutivo y las centrales sindicales. La posición empresarial tampoco coincide con los planes de Yolanda Díaz. La CEOE y Cepyme consideran que la actualización salarial debería abordarse después de las elecciones generales del 29 de noviembre, de modo que sea el próximo Gobierno el que determine el porcentaje definitivo. Las organizaciones empresariales no han presentado una cifra alternativa concreta, pero rechazan que el Ejecutivo cierre ahora una decisión con consecuencias directas para los costes laborales de miles de compañías. Frente a estas objeciones, Trabajo defiende que no quiere dejar pendiente la actualización del salario mínimo hasta que se constituya un nuevo Gobierno. El calendario previsto contempla que el plazo para presentar alegaciones termine el 16 de noviembre, lo que permitiría aprobar el decreto en el Consejo de Ministros del 17 o del 24 de ese mes. La legislación permite al Ejecutivo fijar el SMI mediante decreto, previa consulta con sindicatos y patronal, sin necesidad de alcanzar un acuerdo con ellos ni de obtener la aprobación del Congreso. El incremento de 65 euros mensuales puede representar un alivio para los hogares con menores ingresos, especialmente en un contexto en el que la vivienda, la alimentación y otros gastos cotidianos siguen condicionando la economía familiar. El impacto también tiene una dimensión laboral y social. Los empleos con mayor pre
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