La convergencia entre redes familiares, operadores políticos e intereses penitenciarios ya constituye un asunto de escrutinio público. Una cosa es que el crimen organizado controle territorios donde el Estado está ausente. Otra, mucho más grave, es que consiga gobernarlos desde el propio Estado. Ese es el nuevo objetivo de las maras. Hemeroteca. Las maras guatemaltecas están experimentando el pasar de controlar territorios mediante la extorsión y la violencia a conseguir influencia directa sobre las instituciones políticas. De cara a las elecciones de 2027, las autoridades ya advierten sobre posibles alianzas entre pandillas y partidos políticos, financiamiento electoral e intimidación de candidatos. Las maras centroamericanas tienen sus raíces en Los Ángeles, donde comunidades de inmigrantes que habían huido de las guerras civiles encontraron barrios dominados por pandillas. La Mara Salvatrucha surgió entre jóvenes salvadoreños, mientras que el Barrio 18, de origen anterior, incorporó a distintos grupos de centroamericanos. Las deportaciones estadounidenses de los años noventa trasladaron estas estructuras a sociedades debilitadas por la guerra, la pobreza y la desintegración familiar. Inicialmente, sus actividades giraban alrededor de la protección de sus miembros, la delincuencia callejera y las disputas territoriales. Con el tiempo, desarrollaron economías criminales sostenidas por extorsiones, sicariato, narcomenudeo y otros negocios ilícitos. A diferencia de los cárteles del narcotráfico, cuya supervivencia frecuentemente depende de corromper autoridades, controlar rutas internacionales y penetrar instituciones, las maras desarrollaron una relación distinta con el Estado, emulándolo casi como una estructura paralela. Cómo funciona. En numerosos barrios guatemaltecos, las pandillas cobran renta como si recaudaran impuestos, imponen reglas de circulación, castigan la desobediencia y ejercen violencia para garantizar el cumplimiento de sus órdenes. Sus territorios funcionan, en ocasiones, como pequeñas jurisdicciones criminales donde entrar, comerciar o residir depende de la tolerancia de la pandilla y la sofisticación de estas estructuras resulta cada vez más evidente. En septiembre, la Policía Nacional Civil reveló que las maras habían instalado redes ilegales de videovigilancia para monitorear movimientos policiales y controlar sus comunidades. También identificó negocios de cable, internet y transporte presuntamente utilizados para generar ingresos y lavar dinero. El Ministerio Público reconoce que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha han evolucionado hacia organizaciones criminales más complejas, con actividades que trascienden ampliamente la extorsión tradicional. Ecos regionales. En El Salvador, durante el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, la tregua de 2012 permitió negociar reducciones de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios. Posteriormente, surgieron investigaciones sobre acuerdos electorales entre dirigentes pandilleros y actores políticos que le permitió la reelección al FMLN en el 2014. La famosa tregua fue la forma de gobernar desde 2012, con el FMLN, hasta los primeros años de Bukele —que también pactó con ellas para controlar las cifras de homicidios—, hasta que la tregua se rompió en 2022. Sin embargo, incluso cuando las pandillas negociaban votos, seguridad o privilegios, lo hacían fundamentalmente como poderes externos a las instituciones. No llegaron a constituir un partido nacional abiertamente identificado con sus estructuras criminales. Visto y no visto. En noviembre de 2025, el director de la PNC advirtió sobre intentos de las pandillas de incursionar en la política mediante financiamiento e infiltración institucional. En septiembre de 2026, las autoridades identificaron municipios y zonas capitalinas donde las maras podrían condicionar las actividades electorales. El acercamiento entre
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