La crisis de vivienda en España no se explica únicamente por la falta de casas, sino también por las dificultades para conseguir que los terrenos disponibles se conviertan en nuevos hogares. Entre los planes urbanísticos interminables, las licencias que tardan meses y una Administración fragmentada, construir puede convertirse en una carrera de obstáculos antes incluso de colocar el primer ladrillo. Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone cambiar las reglas del juego: considerar urbanizable todo el suelo que no esté sujeto a protección. La iniciativa pretende ampliar las posibilidades de desarrollo residencial y reducir los obstáculos administrativos que mantienen paralizados numerosos proyectos. El organismo considera que España necesita un sistema urbanístico más flexible, con menos trámites y una coordinación efectiva entre las distintas Administraciones. Su diagnóstico pone el foco en un problema que el sector inmobiliario lleva años denunciando: disponer de terrenos no significa necesariamente poder construir sobre ellos. La propuesta forma parte de un estudio de 262 páginas presentado por la CNMC durante una jornada celebrada en Madrid bajo el título Transformación del suelo para vivienda: retos pendientes en la modernización del urbanismo . Su presidente, Juan José Ganuza, defendió la implicación de la institución en un problema que afecta directamente al bienestar de la población. El planteamiento supone revisar una de las bases del urbanismo español. La CNMC apuesta por abandonar un modelo excesivamente rígido en la clasificación y los usos del suelo para permitir que los terrenos no protegidos tengan mayores posibilidades de incorporarse al desarrollo urbano. También defiende que la planificación establezca criterios menos detallados, de manera que un mismo espacio pueda adaptarse a diferentes necesidades residenciales. Uno de los principales problemas que identifica el organismo está en la lentitud de los procedimientos administrativos. La transformación de un terreno en suelo preparado para construir puede prolongarse durante años, especialmente cuando intervienen diferentes organismos con competencias y requisitos propios. La situación se complica todavía más durante la concesión de licencias. Según las reclamaciones recogidas en el informe, los retrasos pueden situarse entre 12 y 18 meses. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) llevan tiempo reclamando mecanismos que reduzcan estas demoras. Entre las alternativas planteadas figura extender las declaraciones responsables. Este sistema permitiría que promotores y constructores asumieran la responsabilidad de acreditar que sus proyectos cumplen la normativa, sin tener que esperar necesariamente a una autorización administrativa previa para determinados procedimientos. La medida podría descargar de trabajo a los ayuntamientos y facilitar el inicio de las obras. Sin embargo, también supone trasladar parte del control hacia los propios operadores privados, por lo que su aplicación exigiría mecanismos eficaces de inspección y supervisión para evitar incumplimientos. La CNMC también quiere reducir la cantidad de documentos y procedimientos necesarios para desarrollar un proyecto urbanístico. Su objetivo es que los errores técnicos o formales puedan corregirse sin provocar la anulación completa de un planeamiento que ha requerido años de trabajo. Otro de los cambios importantes consiste en mejorar la comunicación entre las Administraciones públicas. Actualmente, los promotores deben relacionarse con diferentes organismos para conseguir informes y autorizaciones que, en ocasiones, requieren información que ya ha sido presentada anteriormente. Para solucionar esta fragmentación, la CNMC propone crear una ventanilla única digital que reúna los informes sectoriales y facilite el intercambio de documentación entre las instituciones. El principio sería sencillo: que empr
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