En las sociedades que han alcanzado cotas elevadas de bienestar se da una peligrosa ilusión: creer que la complejidad que nos rodea funciona por inercia. La luz se enciende al pulsar un interruptor y el agua brota al girar el grifo. Crecemos entre infraestructuras, redes de transporte y sistemas financieros y de pagos tan sofisticados que damos por hecho que todo marcha solo. Y en ese confort germina el desprecio hacia el rigor, la especialización y el trabajo invisible . Nada de esto es nuevo, ni exclusivo de un signo político, aunque la izquierda es más proclive a ello. El desprecio al técnico no es un accidente retórico: es un síntoma de resentimiento. Quien manda sin comprender mira con recelo a quien sí comprende. Ve en el ingeniero, el arquitecto o el auditor que advierte de un desvío presupuestario, un desgaste estructural o una quiebra fiscal a un aguafiestas que estorba su relato. Para esa política frívola, el contable exagera las cifras y el ingeniero retrasa las inauguraciones . La tentación recurrente es prescindir del aviso: sustituir la cuantificación y análisis rigurosos por el nunca pasa nada, y el criterio técnico por la consigna. Se cree que gobernar consiste en repartir simpatías y firmar decretos, como si la economía y la física atendieran a razones ideológicas. No lo hacen. Los casos extremos lo ilustran con crudeza. Venezuela fue durante buena parte del siglo XX uno de los países más prósperos de América Latina , con una industria petrolera técnicamente respetada. Tras el paro de 2002-2003, el Gobierno despidió a miles de trabajadores de PDVSA —las cifras habituales rondan los dieciocho mil—, incluida buena parte de su personal técnico y directivo, y priorizó la lealtad sobre la competencia. La capacidad de mantenimiento y de producción se resintió durante años, y la decadencia posterior no la ha compensado ninguna renta petrolera. Cuba, que antes de 1959 figuraba entre los países más desarrollados de la región pese a sus graves desigualdades, perdió con el exilio y la depuración a una parte sustancial de sus profesionales. En ambos casos, la ideología pesó más que el conocimiento, y la factura llegó después. Sería, sin embargo, una coartada cómoda creer que esto solo ocurre en regímenes autoritarios. También sucede en democracias y en empresas privadas. Las investigaciones sobre los accidentes del Boeing 737 MAX apuntaron a una cultura en la que la presión de plazos y costes acabó imponiéndose al criterio de los ingenieros. No hace falta un dictador para que el aviso del técnico se tome por un estorbo; basta un consejo de administración, un ministerio o una campaña electoral con prisa. España tiene su propio ejemplo, y no hace falta remontarse a otro siglo. En 2005, la Asociación de Inspectores del Banco de España advirtió al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes , de la "actitud pasiva" del supervisor ante evidentes síntomas de deterioro del sector. Años después, la comisión de investigación del Congreso concluyó que el Banco de España disponía de herramientas para actuar frente a la burbuja del crédito y la inmobiliaria, y que no se utilizaron por falta de voluntad política. El rescate de las cajas de ahorros, que el informe parlamentario cifra en unos 60.000 millones de euros, lo pagamos todos . Lo que consta es que el aviso existió, que lo daban quienes conocían los balances, y que no se actuó a tiempo. La historia económica describe un tobogán perfectamente medido que conduce de la abundancia a la miseria. Un país próspero acumula tanta riqueza que puede permitirse durante años una pésima administración antes de que el colapso sea visible. El sistema aguanta por pura inercia... hasta que deja de hacerlo. Un día falla la red eléctrica , al siguiente se desabastece el mercado básico o quiebra la caja común. Y cuando eso ocurre, el Estado ya ha desterrado a quienes sabían leer los balances y reparar los engranajes. Conviene, con todo, evitar el error contrario. Defender al técnico no es entroniza
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