La Puerta del Sol es el kilómetro cero de España. Por ella pasamos cada día cientos de miles de personas que vamos a trabajar, a comprar, a coger el metro o simplemente a pasear. Durante 38 días, ese espacio dejó de ser de todos para ser de unos pocos. Lo que empezó como una concentración de apoyo a una anciana con mucha jeta terminó convertido en un campamento con 1.800 tiendas, cocina, asambleas y portavoces, plantado en medio de la plaza más transitada del país. La pregunta es: ¿quién ha decidido que el derecho a manifestarse incluye el de ocupar durante seis semanas el corazón de una capital europea, y quién ha pagado la factura? El 23 de septiembre se ejecutó el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda de renta antigua de Sainz de Baranda en la que vivía desde 1956. Una inmobiliaria había comprado el piso y le reclamaba con todo el derecho el valor de mercado que ella, como buena progre, rehusaba pagar. Tres días después, el 26 de septiembre, una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas desembocó en la Puerta del Sol y allí se quedó. Había nacido la “Acampada 26S”. Maricarmen murió el 7 de octubre en el Gregorio Marañón. La acampada, en lugar de disolverse, creció: de unas 500 tiendas el 30 de septiembre a cerca de 1.800 diez días después, con más de 40 colectivos sumados a la fiesta. Aguantó hasta la madrugada del 3 de noviembre, cuando la Policía Nacional, en coordinación con la Municipal, vació la plaza. Quedaban 334 perroflautas. Hubo dos detenidos por resistencia. Treinta y ocho noches. El desahucio de la pobre viejecita se convirtió en 72 horas en la excusa perfecta de los socialistas, para exigirse a sí mismos, una intervención radical del mercado del alquiler, el llamado “decreto Maricarmen”. El 29 de septiembre, con la plaza ya ocupada, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos-ley de vivienda. Después llegó la convocatoria de una huelga general de los come gambas, contra la oposición para el 11 de noviembre y el adelanto electoral al 29 de noviembre. Que cada cual saque sus conclusiones sobre la secuencia. Un Gobierno en apuros ve una oportunidad a su medida, lo alimenta con decretos, deja que la plaza siga tomada mientras la Delegación del Gobierno que debe desalojarla la dirige un hombre de su partido, y convoca elecciones con la vivienda como bandera. No hace falta ser conspiranoico para ver que a Moncloa la acampada no le molestaba. Le venía bien. Las campañas se hacen con emociones, y una anciana desahuciada es una emoción muy rentable. Lo obsceno es usarla. Y los acampados, convencidos dentro de su falta de higiene mental y corporal, de ser la vanguardia de una revolución, han sido la figuración de un circo electoral ajeno. Nadie mantiene 1.800 tiendas durante 38 días por generación espontánea. El Sindicato de Inquilinas de Madrid encabezó la convocatoria y una estructura de más de 40 colectivos puso comisiones, relevos, cocina y portavoces oficiales. Eso es una organización con director de escena, no una protesta espontánea. Hay dos preguntas incómodas que nadie en la izquierda quiere responder. La primera: ¿quién puede permitirse vivir seis semanas en una tienda de campaña en pleno centro un dia laborable? No el camarero, ni el fontanero, ni la dependienta que pasaba por delante para ir a trabajar. Los sindicatos policiales advirtieron de que buena parte de las tiendas dormían vacías: decorado para la foto. La segunda: ¿quién paga la logística? Manos Limpias ya ha denunciado al Sindicato de Inquilinas por alteración del orden público y por la ocupación continuada de la plaza. Veremos qué dice un juez. No se puede sostener es que aquello fuera «el pueblo». La Policía Municipal impuso cerca de 180 sanciones en el entorno de la acampada: más de un centenar por limpieza y 76 por consumo de alcohol y drogas.&nb
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