Las recientes elecciones de medio término en los Estados Unidos han puesto de manifiesto un cambio político significativo en la relación entre los gigantes de la tecnología y la opinión pública. Con una creciente preocupación sobre el impacto ambiental y social que representan los centros de datos, los candidatos demócratas han hecho hincapié en la necesidad de regular estas instalaciones. Según una encuesta, el 56% de los votantes considera que la regulación de la inteligencia artificial y los data centers es un factor importante para su decisión en las elecciones. Los resultados han sido contundentes: en varias localidades, los referendos sobre la construcción de nuevos centros han sido desestimados en su mayoría, reflejando un claro rechazo hacia estos proyectos. En el estado de Texas, figuras demócratas han propuesto un moratorio inmediato sobre las instalaciones existentes, destacando la sobreexplotación de recursos hídricos y los elevados costos energéticos como justificaciones de su oposición. A pesar de que un cambio federal en la legislación parece poco probable, la resistencia a nivel local está surgiendo como un obstáculo significativo para las empresas tecnológicas. Esto apunta a un desafío inminente para aquellos que han invertido fuertemente en campañas políticas. En efecto, los gastos en publicidad y movilización han alcanzado los 55,7 millones de dólares, lo que muestra el nivel de compromiso de la industria con el objetivo de influir en los resultados. Sin embargo, la voluntad popular parece estar estableciendo límites claros a su expansión.
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