¿Qué tenía que ver un perro de presa enseñando los colmillos con que un partido político ganara unas elecciones? En 1996, el PSOE juntó ambas imágenes en aquel célebre anuncio del dóberman. El mensaje no pretendía persuadir: buscaba asustar. Si gobernaba la derecha, el precipicio democrático estaría a la vuelta de la esquina. Póngase en la piel de un ciudadano de aquel entonces; no le resultará muy difícil, la verdad. Llevaba 14 años soportando la hipertrofia felipista, con un rosario de escándalos que abarcaba desde el terrorismo de Estado de los GAL hasta el enriquecimiento de Luis Roldán, pasando por Filesa, Ibercorp, las escuchas ilegales del Cesid y la malversación en el Boletín Oficial del Estado . Había motivos de sobra para pedir un relevo en las urnas. Sin embargo, la campaña del PSOE colocó al votante ante una disyuntiva kafkiana: el corrupto era el Gobierno, pero el peligro para la democracia era quien quería echarlo. 30 años después, el mecanismo se ha perfeccionado: hoy basta con que te etiqueten de «fascista» para que te veas obligado a justificar tu derecho a opinar. ¿Cómo hemos pasado de aquel dóberman de atrezo a esta inquisición estructural? Mediante una sencilla trampa: la moralización de la política. La política tradicional se mueve en el eje «propuesta A frente a propuesta B», ambas legítimas dentro de las reglas del juego democrático. La moralización de la política destruye la legitimidad del rival al cambiar el marco al eje «el Bien contra el Mal ». El adversario ya no está equivocado en sus propuestas; es, intrínsecamente, una amenaza moral. Bajo este prisma, la alternancia en el Gobierno, cuando favorece a la derecha, deja de ser un proceso democrático natural para pasar a ser entendida como una anomalía ética intolerable. Al arrogarse el monopolio de la bondad, l a izquierda en general y el PSOE en particular obligan a sus oponentes a justificar permanentemente su derecho no ya a gobernar, sino a existir siquiera como alternativa. «La moralización política actúa, además, como un mecanismo de bloqueo frente a las reformas que España necesita» Esta moralización actúa, además, como un mecanismo de bloqueo frente a las reformas que España necesita, por ejemplo, en el mercado laboral, el sistema de pensiones, la fiscalidad o la administración territorial. Cualquier intento de abordarlas se neutraliza preventivamente mediante el espantajo de la agresión moral. Lo hemos visto con claridad en el uso partidista de la amnistía. Cuando el PSOE rompió los consensos jurídicos para garantizar la continuidad de su Gobierno obteniendo siete votos independentistas —alterando para ello tipos penales como la malversación—, recurrió a la moralización para desarmar la crítica. La amnistía se presentó como el único camino hacia la «paz social» y la «concordia», mientras que quienes denunciaban la quiebra del Estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley eran estigmatizados como reaccionarios enfermos de rencor. Esa misma lógica alimenta la polarización afectiva que ha convertido el rechazo a la derecha en parte estructural de la estrategia política del PSOE. Basta volver al anuncio del dóberman para entender la ventaja que esto proporciona. Un votante podía estar harto de la corrupción de Felipe González y, aun así, acudir a las urnas convencido de que lo más urgente era impedir que gobernara Aznar. 30 años después, la clave del mecanismo sigue siendo la misma. ¿Cuántas explicaciones tiene que dar un Gobierno por sus escándalos si consigue que sea el ciudadano quien tenga que justificar por qué piensa votar a la oposición? La moralización de la política impregna todos los debates. En la vivienda, en lugar de afrontar los problemas de escasez de suelo, maraña burocrática e inseguridad jurídica, se recurre a una fábula moral de buenos, que son los inquilinos vulnerables, frente a malos, los propietarios y fondos buitre. En la inmigración, señalar la presión demográfica o la incapacidad de absorción de los servicio
También lo cubren: El Liberal.
Ver más en News Today