La Unión Europea y el supervisor europeo de los mercados, ESMA, se encuentran analizando la posibilidad de restringir la inversión de los fondos tradicionales UCITS en bonos de catástrofe, limitando los activos alternativos a un máximo del diez por ciento de la cartera. Esta revisión forma parte de un análisis sobre la Directiva de Activos Elegibles que también examina préstamos estructurados, criptoactivos y derechos de emisión. Desde la patronal de gestoras europeas, Efama, se ha advertido con contundencia que esta medida afectaría de lleno a unos veintiún mil millones de dólares en fondos minoristas, amenazando con provocar su reestructuración, cambios forzosos en sus políticas de inversión o incluso su liquidación y cierre definitivo si no logran adaptarse a las nuevas exigencias normativas. Los partidarios de mantener el marco actual defienden firmemente las virtudes de estos instrumentos financieros de renta fija, emitidos tanto por aseguradoras como por gobiernos para proteger frente a desastres naturales como huracanes, terremotos, inundaciones o incendios. Según sus argumentos, los bonos de catástrofe destacan por su liquidez, su capacidad para ofrecer importantes beneficios de diversificación y su papel clave a la hora de ampliar la capacidad de cobertura y transferencia de riesgo al mercado de capitales privado. Estos productos ofrecen atractivos rendimientos que oscilan entre el ocho y el nueve coma cinco por ciento, asumiendo siempre el inversor el riesgo real de perder el capital principal si finalmente ocurre la catástrofe natural previamente asegurada. Asimismo, se destaca la existencia de un mercado secundario activo, rotación anual y vencimientos cortos que facilitan la gestión activa. Por el contrario, el organismo supervisor ESMA argumenta que estos activos presentan similitudes estructurales más cercanas a los productos de seguro que a los valores tradicionales, debido fundamentalmente a que su rentabilidad está ligada de manera directa a la ocurrencia de eventos catastróficos imprevisibles. El supervisor también pone el foco en los potenciales riesgos asociados a la valoración, la liquidez en escenarios de tensión financiera y la insuficiencia de información para evaluar con total garantía la idoneidad de estos productos para los inversores minoristas. A pesar de todo el debate regulatorio, se estima que la inversión minorista directa en estos fondos es actualmente bastante marginal, situándose en torno al uno por ciento, lo que dejaría un impacto directo limitado sobre los pequeños ahorradores, aunque persistiría el temor a una menor diversificación global y a una reducción en la capacidad de mercado para financiar la protección frente a catástrofes futuras. Fuente: El Español - Invertia
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