El rumbo del actual gobierno mexicano y la consolidación de su proyecto de transformación dependen de las definiciones y decisiones que el oficialismo tome de inmediato frente a una serie de problemas estructurales que reclaman atención prioritaria. Diversas áreas estratégicas de la administración pública muestran signos de agotamiento o revelan fallas de cálculo y omisión de efectos secundarios debido a la premura con la que fueron implementadas en su momento. En el ámbito de la seguridad, la ofensiva lanzada contra los líderes de la delincuencia se ha mostrado parcial. Aunque se han abatido o capturado objetivos prioritarios, las exigencias externas e internas apuntan a investigar también a los socios políticos del crimen, un nivel en el cual el gobierno ha mostrado resistencia al limitar las acciones principalmente a figuras municipales y evitar indagar a cuadros de mayor jerarquía. Asimismo, la estrategia inmediata no vino acompañada de una reestructuración profunda de las policías, fiscalías y del sistema penitenciario, el cual se enfrenta a una grave sobrepoblación derivada del incremento de detenciones y de la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva. La respuesta oficial de construir nuevos penales resulta insuficiente frente al volumen de personas privadas de la libertad, convirtiendo las cárceles en focos rojos latentes. Por otro lado, la política social y económica presenta desafíos presupuestarios importantes. El crecimiento económico actual resulta limitado para sostener de manera indefinida los programas de transferencias directas, pensiones y becas sin resolver previamente los problemas estructurales del empleo y la creación de puestos de trabajo formales. A esto se suma el descontento y la movilización de diversos sectores, desde el magisterio y los trabajadores de la salud hasta colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y transportistas, lo que evidencia que la política social no puede sustentarse únicamente en el asistencialismo económico si se busca evitar poner en riesgo las finanzas públicas. En cuanto a la educación, la centralidad se ha colocado en los docentes más que en los estudiantes, priorizando el acceso sobre una calidad formativa que garantice mejores expectativas laborales y de vida para las nuevas generaciones. Finalmente, en materia de combate a la corrupción y de vida institucional, se advierte una aplicación diferenciada de los criterios de exigencia frente a aliados y adversarios, lo que pone a prueba la credibilidad de las instituciones del Estado y la coherencia del movimiento gobernante en los próximos meses. Fuente: El Financiero Mexico
También lo cubren: El Financiero, El Financiero (México).
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