Las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú, acompañadas por organizaciones sociales y de derechos humanos, han puesto en marcha nuevas vías legales tanto a nivel nacional como internacional para revocar el archivo por prescripción de la investigación fiscal del caso. Esta resolución de la fiscalía representa un duro revés para miles de mujeres que continúan exigiendo justicia después de tres décadas de incansable activismo contra la impunidad institucional. La controversia se remonta a las intervenciones quirúrgicas practicadas sin consentimiento a más de trescientos mil mujeres, en su mayoría campesinas e indígenas quechuahablantes en situación de pobreza, entre mil novecientos noventa y seis y el dos mil. Estas acciones formaban parte de una política pública de salud impulsada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori con el propósito de ejercer un control demográfico discriminatorio. Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Demus y el Centro de Derechos Reproductivos han criticado duramente el fallo de la fiscalía, que a pesar de archivar la causa reconoció la sistematicidad de los hechos en veintidós de los veinticuatro departamentos peruanos, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. El expediente llegó a identificar a miles de víctimas directas y a numerosas personas investigadas entre responsables directos y mediatos. Como parte de la estrategia jurídica, se han remitido observaciones urgentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el incumplimiento de la sentencia dictada en el caso de Celia Ramos frente a Perú. Dicho fallo prohibía expresamente al Estado peruano aplicar cualquier tipo de prescripción o amnistía a estas graves violaciones de los derechos humanos, obligando a investigar, juzgar y sancionar a los responsables en todos los niveles. Fuente: IPS Noticias
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