Cinco de las principales organizaciones ecologistas del país han presentado de forma conjunta el denominado Programa por la Tierra 2026, una iniciativa que busca confrontar a las formaciones políticas con demandas concretas de cara a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman que la protección del medio ambiente deje atrás los eslóganes de campaña y se traduzca en presupuestos reales, plazos estrictos y mecanismos de seguimiento que permitan medir los resultados de la acción de gobierno durante toda la legislatura. El documento estratégico plantea seis grandes retos que entrelazan la conservación de la naturaleza con cuestiones cotidianas como la vivienda, la salud, la alimentación y los derechos sociales. Entre las principales exigencias destaca la necesidad de avanzar hacia un sistema eléctrico cien por cien renovable para el año 2030, así como establecer planes concretos que permitan abandonar de forma definitiva los combustibles fósiles antes de 2040. Asimismo, las entidades ponen el foco en la adaptación climática, reclamando una mayor inversión en la prevención de incendios forestales, inundaciones y temporales costeros, sin descuidar la protección específica de las personas más vulnerables frente a estos fenómenos extremos. Uno de los puntos clave de la reivindicación ecologista gira en torno a la fiscalidad y el destino de los fondos públicos. Las organizaciones demandan la cancelación inmediata de todas aquellas subvenciones e incentivos que resulten perjudiciales para el ecosistema, señalando la contradicción que supone financiar la recuperación natural mientras se continúa apoyando actividades contaminantes. El plan también aborda la transición justa exigiendo que los costes de estas medidas no recaigan sobre las rentas más bajas, proponiendo una fiscalidad verde más equitativa y un mayor apoyo a la pesca artesanal, a la agricultura respetuosa con el entorno y a la producción de alimentos con precios justos para productores y consumidores. En el plano de la biodiversidad, el programa insiste en cumplir con el objetivo de proteger y gestionar de forma eficaz al menos el treinta por ciento de la superficie terrestre y marina para el año 2030, garantizando que las especies y hábitats degradados muestren mejoras tangibles. Las ONG recuerdan que una declaración de protección sobre el papel resulta inútil si no va acompañada de personal, recursos y dotación presupuestaria. Finalmente, reclaman garantías democráticas para la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana en las decisiones territoriales, recordando el elevado coste económico que los desastres climáticos y meteorológicos han dejado en la Unión Europea durante las últimas décadas. Fuente: ECOticias.com #MedioAmbiente #Ecologismo #TransicionEcologica #CambioClimatico #Sostenibilidad
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