El Ministerio del Interior ha recurrido a un contrato de emergencia para alquilar a Telefónica Defensa y Seguridad un total de 61.603 lectores QR. La legalidad de este procedimiento es dudosa, ya que expertos y el PP consideran que no se ajusta a la Ley de Contratos. La Junta Electoral Central había suspendido este sistema de identificación por falta de garantías. El objetivo es permitir la identificación de los votantes mediante la aplicación MiDNI en el móvil para los comicios del 29-N.
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