La investigación sobre los presuntos amaños de contratos de obra pública en ADIF da un nuevo giro a la crisis ferroviaria. La UCO ha registrado la sede del gestor ferroviario y varias empresas, y ha practicado seis detenciones en una operación que investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. La información que publica hoy THE OBJECTIVE apunta a una posible conexión entre esos contratos bajo sospecha y las obras realizadas en los tramos de Adamuz y Urda , escenario de dos accidentes que han costado la vida a 115 personas. Entre las empresas investigadas figura Azvi, que obtuvo contratos para renovar la vía de Adamuz y mantuvo reuniones con Koldo García antes de la licitación. A esto se suman las últimas revelaciones técnicas sobre Adamuz: la fractura del carril permaneció sin detectar durante unas 22 horas, mientras 47 trenes circularon por ese tramo. Todavía está por determinar si existió una relación directa entre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones y los fallos de seguridad. Pero la pregunta es inevitable: ¿pudieron los amaños, las comisiones y los intereses políticos comprometer la calidad de las obras, el mantenimiento y, en última instancia, la seguridad de los viajeros? Un ministerio como Transportes, envuelto en investigaciones judiciales por presuntas mordidas, sumado a dos terribles accidentes ferroviarios obligan a plantear el debate de su todo ese proceder puede haber contribuido a un deterioro tan severo de nuestro sistema ferroviario, incluso con consecuencias trágicas. Para continuar necesitas iniciar sesión o crear una cuenta
También lo cubren: El Liberal.
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