Aprobada la Ley de sometimiento o de Guerra total (sustituta de la Paz total) para propiciar el gran negocio de las oficinas de abogados de los narcos arrepentidos o “descocidos” (dirán en los patios de la Picota), el tema central de fin de año será la Ley de rescate o ajuste fiscal en los términos del recetario neoclásico a la FMI. A propósito, se cumplen más de 50 años de la publicación de La crisis fiscal del Estado, de James O’Connor, una obra de enorme actualidad para analizar las justificaciones del gobierno de Abelardo frente a los aumentos del IVA al café, otros productos de la canasta familiar y a la salud; así como el anunciado tijeretazo al Estado, que amenaza el empleo público y los programas sociales, incluyendo los subsidios (230 mil pesos) destinados a millones de adultos mayores, que no se pagaron en agosto y septiembre. Recojo acá algunas reflexiones de Albino Prada sobre la obra de O’Connor, particularmente oportunas para comprender el debate fiscal colombiano. O’Connor sostenía en los setenta que la crisis fiscal del Estado se originaba en una tendencia estructural del gasto público a crecer más rápidamente que los ingresos. Una contradicción que se profundizó en Estados Unidos durante las décadas posteriores, cuando los déficits fiscales recurrentes provocaron un incremento considerable de la deuda pública, que pasó del 33 % del PIB en 1975 al 107 % en 2023. Sin embargo, el problema no radicaba exclusivamente en el crecimiento del gasto estatal, sino en la insuficiencia crónica de los ingresos tributarios. Una verdadera anorexia fiscal, determinada por los privilegios impositivos concedidos a las grandes fortunas y corporaciones, mientras el Estado asumía obligaciones crecientes para sostener la acumulación capitalista. De esta manera, la crisis fiscal termina trasladándose a las generaciones futuras mediante el endeudamiento, el pago de intereses y las restricciones presupuestales. Los principales afectados son los trabajadores y sectores populares, mientras las grandes empresas y los grupos financieros conservan sus privilegios. El resultado es un Estado subordinado a los acreedores financieros, cuyas prioridades terminan condicionando el gasto público. Crecen las transferencias destinadas a favorecer la acumulación privada y los compromisos financieros, mientras se restringen los recursos para la salud, la educación, la protección social y otros bienes públicos. O’Connor resumía esta contradicción mediante una tesis fundamental: la socialización de los costos y la apropiación privada de los beneficios alimentan la crisis fiscal del Estado. Desde comienzos del presente siglo, estas tendencias se han profundizado. Por una parte, se mantienen los privilegios tributarios de las grandes fortunas y corporaciones; por otra, aumentan los gastos financieros y militares, mientras se contienen las inversiones sociales. La reducción de las tarifas marginales del impuesto sobre las rentas más elevadas, que en Estados Unidos descendieron considerablemente desde los años setenta, son una expresión de esa orientación regresiva de la política fiscal. A ello se suma la transformación del capitalismo monopolista analizado por O’Connor en un capitalismo dominado crecientemente por el capital financiero, las grandes corporaciones globales y los mecanismos internacionales de endeudamiento. La globalización financiera, los paraísos fiscales, la deslocalización industrial y la competencia tributaria entre Estados han debilitado la capacidad de los gobiernos para obtener ingresos suficientes y desarrollar políticas redistributivas. Las crisis de 2008 y de la pandemia agravaron estas contradicciones, incrementando el endeudamiento público y fortaleciendo la influencia de los grandes grupos financieros sobre las decisiones estatales. En este contexto adquiere especial relevancia el apéndice que O’Connor incorporó en 1982 a su obra original de 1973, cuando examinó la ofensiva neoliberal de Reagan. Su análisis permite establecer con
También lo cubren: Contrainformación.
Ver más en News Today