La convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre es un llamado a la movilización social en defensa de políticas de vivienda ambiciosas. Pero también se cuestionan los salarios y la capacidad de compra de las familias trabajadoras, que se ven afectadas por la inflación y la mercantilización creciente de servicios. El modelo propietarista de la vivienda en España ha llevado a que buena parte de la clase trabajadora acumule su posibilidad de ahorro en un patrimonio inmobiliario, lo que limita su capacidad para elegir y acceder a otras formas de vida. La situación de la vivienda está actuando como catalizador de un malestar que atraviesa de forma bastante trasversal a la sociedad española. Porque cada vez son más personas o familias las que se ven atenazadas por un coste inasumible en una hipoteca o un alquiler, o incluso no pueden tener una vida autónoma. La huelga general es un llamado a la acción colectiva y a la búsqueda de soluciones alternativas a un sistema que no funciona para la mayoría de la población. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos construir un modelo de vivienda que priorice la necesidad de las personas sobre el beneficio de los grandes empresarios?
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