La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado una extensa entrevista concedida este viernes, 6 de noviembre, a El programa de Ana Rosa, en Telecinco, para lanzar acusaciones de extraordinaria gravedad contra Pedro Sánchez , su Gobierno, las instituciones del Estado, los medios públicos de comunicación y las organizaciones sindicales. En su intervención ha presentado sospechas judiciales como si fueran hechos definitivamente acreditados, ha atribuido responsabilidades penales a personas sin aportar pruebas concretas y ha descrito las movilizaciones laborales como parte de una operación política organizada contra el Partido Popular. A fecha de esta publicación, la investigación anunciada no permite presentar esas tres cuestiones como resueltas. La existencia de una causa sobre fondos europeos tampoco demuestra que el Gobierno de Sánchez se apropiara personalmente del dinero, como sugirió Ayuso. La presidenta confundió así el alcance de una investigación en curso con la atribución pública de culpabilidades. Si aparecen pruebas de malversación o corrupción, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes. Hasta entonces, convertir una hipótesis investigada en una condena política generalizada supone adelantarse a los resultados de las diligencias. Otra de las afirmaciones de Ayuso fue que Sánchez había impedido a las comunidades autónomas intervenir en el reparto y utilización de los fondos europeos. La documentación oficial del Plan de Recuperación contradice esa descripción absoluta. El Gobierno reconoce expresamente la participación de las administraciones territoriales en la ejecución de los recursos y cifra en 28.974 millones de euros las cantidades distribuidas a comunidades autónomas hasta el 31 de diciembre de 2024. También detalla mecanismos de negociación a través de conferencias sectoriales. Puede discutirse si las autonomías han dispuesto de suficiente capacidad de decisión, si la distribución fue adecuada o si determinados proyectos se ejecutaron correctamente. Lo que no resulta sostenible es afirmar que las comunidades quedaron completamente excluidas de la gestión. Las acusaciones contra una jueza y la familia de Zapatero carecen de la acreditación presentada por Ayuso Durante la entrevista, Ayuso aseguró que se había intentado acabar con la vida de una jueza que investigaba al entorno familiar de Sánchez. También introdujo a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su relato sobre una supuesta red internacional de corrupción. La primera atribuye una conducta de extrema gravedad penal y la segunda relaciona a familiares identificables de un antiguo presidente con una trama delictiva. En la entrevista no se aportó una resolución judicial, una identificación precisa del procedimiento ni documentación que acreditase tales afirmaciones. La revisión de las fuentes públicas consultadas tampoco permite confirmar en los términos empleados por Ayuso la existencia de un intento de asesinato de esa jueza ni la participación acreditada de las hijas de Zapatero en un fraude de fondos ferroviarios europeos. No puede afirmarse que algo sea falso únicamente porque no se hayan localizado pruebas durante una comprobación periodística. Pero tampoco puede darse por demostrado un delito por el hecho de que lo denuncie una presidenta autonómica. La carga de acreditar esas acusaciones corresponde a quien las formula. Ayuso sostuvo que el Ejecutivo había colonizado la Fiscalía y el Tribunal Constitucional y roto la separación de poderes. Son acusaciones de alcance institucional que requieren distinguir las controversias sobre nombramientos y funcionamiento de los órganos públicos de la afirmación de que todos ellos actúan bajo órdenes de Pedro Sánchez. Hay un hecho que no debe ocultarse: el Tribunal Supremo condenó en noviembre de 2025 al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. La resolución fue adoptad
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