El ministro de Política Territorial, ha presentado una petición formal a la plataforma de afectados y a los partidos políticos en la islas, para que llegue a un acuerdo que preserve el derecho constitucional de tener una vivienda. Este punto es clave y el ministro pide la colaboración mutua de los partidos y afectados con el objetivo de evitar el desalojo, en particular de unas 700 familias en zonas turísticas.
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