Un tribunal de Daca (Bangladesh) ordenó el 5 de noviembre de 2026 el ingreso en prisión del periodista Iqbal Sobhan Chowdhury , investigado por su presunta relación con la muerte de un estudiante durante las protestas de 2024 en Bangladesh. La decisión se produce mientras continúa la investigación y no constituye una condena por esos hechos. Chowdhury preside la televisión DBC News y es editor y responsable de la publicación de The Daily Observer . También fue asesor de Información de la ex primera ministra Sheikh Hasina . La policía lo detuvo el 4 de noviembre en las oficinas de DBC, en el barrio de Mohakhali de la capital. Según Jago News , la causa se refiere a la muerte de Md. Arif , alumno de una escuela religiosa que recibió un disparo el 19 de julio de 2024 en Jatrabari. Su padre presentó la denuncia. Las informaciones consultadas sitúan a Chowdhury entre los 233 acusados. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) recoge que la acusación le atribuye haber utilizado su red de medios para apoyar a la entonces primera ministra y oponerse al movimiento estudiantil. Esa es la tesis acusatoria descrita por la organización; las fuentes consultadas no aportan una resolución judicial que establezca su responsabilidad en la muerte. La información de Dhaka Tribune sobre la vista indica que la defensa no solicitó la libertad bajo fianza. Centró su intervención en pedir tratamiento médico y condiciones penitenciarias específicas, alegando el estado de salud del periodista y el rango de su antiguo cargo. El tribunal dispuso que las condiciones que pudieran corresponderle se examinaran conforme a las reglas penitenciarias. En un comunicado del 6 de noviembre, la FIP y su afiliada Bangladesh Manobadhikar Sangbadik Forum (BMSF) reclamaron la retirada de los cargos. La federación pidió además que se garantice su seguridad y atención médica. Ambas organizaciones sostienen que el ejercicio periodístico o las afinidades políticas pasadas no deben convertirse en motivos de persecución. El caso remite a un episodio de violencia cuya investigación sigue siendo fundamental para las víctimas. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó el 12 de febrero de 2025 un informe que encontró graves violaciones sistemáticas durante las protestas de julio y agosto de 2024, atribuidas al anterior Gobierno, sus servicios de seguridad y elementos violentos vinculados al partido gobernante. La investigación estimó que hasta 1400 personas pudieron morir entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2024 y señaló indicios que requerían nuevas investigaciones penales sobre posibles crímenes contra la humanidad. Ese diagnóstico general aporta contexto a las causas abiertas por la represión, pero no determina la responsabilidad individual de Chowdhury en el procedimiento ahora conocido. Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
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