La Fiscalía no estuvo presente ayer martes en la declaración ante el juez instructor de los cuatro investigados por la contratación de los campos de boyas dependientes Ports IB . El Ministerio Fiscal había presentado en julio la querella que dio lugar a la apertura de diligencias previas, a raíz de la denuncia de la Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo. El gerente de Ports IB, Francisco José Villalonga; el director general de Puertos, Antonio Mercant; y dos técnicos respondieron a las preguntas del juez, pero declinaron, por indicación de su defensa, contestar a las del letrado de ADN Mediterráneo, que se ha personado en la causa como acusación. Los cuatro defendieron la legalidad de la prórroga extraordinaria del contrato para la gestión de unos campos de boyas cuyo concurso había sido suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y sostuvieron que la normativa estatal y autonómica de protección de la posidonia exigía que el servicio siguiera prestándose. El juez se interesó por si esta prolongación había supuesto un quebranto adicional para la arcas de la comunidad, a lo que los directivos de Ports IB respondieron que no, dado que se mantuvieron los términos económicos de la licitación anterior. El origen del conflicto está en el concurso promovido por Ports IB para la gestión de los campos de fondeo regulado situados en espacios de la Red Natura 2000 de Baleares. El contrato, dividido en cuatro lotes, incluía tanto la instalación y explotación de los campos de boyas como la asistencia técnica para el seguimiento ambiental y la dirección facultativa, con un valor estimado de 5,84 millones de euros. ADN Mediterráneo recurrió el anuncio de la licitación al considerar que presentaba irregularidades . El recurso fue admitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), lo que obligó a reiniciar el procedimiento en febrero de este año. Posteriormente, la asociación y otra empresa licitadora recurrieron la adjudicación de los lotes 1 y 3, mientras que otros recursos afectaron también a los lotes 2 y 3. El TACRC levantó luego la suspensión que pesaba sobre el lote de Mallorca. La prórroga extraordinaria que los denunciados defendieron ante el juez ascendió a 314.247,15 euros y permitió prolongar durante cuatro meses el contrato de la empresa Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA). ADN cuestionó que se cumplieran los requisitos para recurrir a esa medida. Ports IB se amparó en el artículo 29.4, último párrafo, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Ese precepto permite prorrogar el contrato hasta que empiece a ejecutarse el nuevo, con un máximo de nueve meses, si al vencer el anterior aún no se ha formalizado por «incidencias imprevisibles» la adjudicación y existen razones de interés público para mantener el servicio. Ports IB considera que la no prolongación del contrato hubiese supuesto una insumisión de facto al decreto balear de la posidonia y a las normas nacionales que protegen esta planta del efecto de los fondeos con ancla. La denuncia también pone el foco en un contrato menor de 7.587,44 euros para el montaje de los campos de boyas de la bahía de Fornells y la Illa d’en Colom, en Menorca. ADN Mediterráneo afirma que esos trabajos formaban parte de la licitación suspendida y considera que su contratación independiente podría constituir un fraccionamiento del contrato para eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública, acusación que también fue rechazada por los investigados en base a que Ports IB terminó desistiendo de este procedimiento. ADN Mediterráneo acudió en junio a la Fiscalía Anticorrupción al considerar que, mediante el contrato menor y la prórroga, Ports IB había seguido ejecutando prestaciones incluidas en la licitación pese a la suspensión. La querella de julio trasladó esos hechos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma. Corresponde ahora al instructor determinar si las decisiones denunciadas pr
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