La falta de relevo generacional, el encarecimiento de los costes, la pérdida de competitividad y la reducción del consumo de pescado siguen marcando la agenda de la pesca española tres años después de que la patronal Cepesca trasladara a los partidos políticos un decálogo de reivindicaciones prácticamente con los mismos objetivos. La organización ha vuelto a presentar sus propuestas a las formaciones que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con la intención de que el futuro Gobierno sitúe al sector entre sus prioridades. La convocatoria electoral ha llevado a la Confederación Española de Pesca a actualizar sus demandas en un momento especialmente delicado para la flota. Cepesca considera que 2027 será un año decisivo, tanto por la negociación del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea como por la necesidad de afrontar los costes de explotación y garantizar la continuidad de las empresas. La patronal reclama un fondo europeo específico para la pesca de al menos 7.000 millones de euros y una defensa más firme de los intereses españoles en Bruselas. En su decálogo de 2023, la patronal ya reclamaba un mayor peso político de la pesca, una reducción del IVA, medidas para atraer jóvenes, mejoras en la competitividad y más inversión en investigación y transición energética. También pedía compatibilizar la actividad con la protección ambiental, mejorar la gestión de los recursos y aprovechar los fondos europeos. Buena parte de aquellas reivindicaciones reaparece ahora, aunque con nuevas medidas concretas en materia de combustible, capacidad de la flota y contratación. Uno de los problemas más urgentes es el precio del gasóleo . Según Cepesca, el litro ha pasado de costar entre 0,50 y 0,60 euros a comienzos de 2026 a superar los 1,30 euros, una escalada que la patronal vincula al conflicto en Irán. La organización propone establecer un mecanismo automático de respuesta ante las crisis energéticas y, mientras no exista, calcular las ayudas en función del consumo real de cada barco. También reclama ampliar los apoyos si la situación lo exige más allá del 31 de diciembre. La demanda tiene una repercusión directa en Baleares, cuya flota profesional está formada mayoritariamente por embarcaciones de pesca artesanal. El Govern aprobó en septiembre una línea de 750.000 euros para compensar el sobrecoste del combustible, después de constatar que los armadores habían seguido soportando un incremento medio de 20,4 céntimos por litro durante el periodo analizado. La propuesta de Cepesca apunta a un problema que las ayudas autonómicas pueden aliviar, pero no resolver de forma permanente. La falta de personal constituye otra preocupación compartida por armadores y cofradías. Cepesca reclama un plan nacional de r elevo generacional, más formación profesional dual y a distancia, una homologación más ágil de títulos extranjeros y cambios en la normativa laboral, incluida la eliminación del registro horario a bordo. El objetivo es facilitar la incorporación de trabajadores y evitar que las dificultades para encontrar tripulantes comprometan la actividad de los barcos. Este problema ya figuraba entre las principales advertencias de la patronal en 2023. Bruselas plantea reducir a un tercio los fondos europeos para pesca En el ámbito europeo, la organización propone revisar la Política Pesquera Común para que los espacios destinados a mejorar la seguridad, la habitabilidad y la eficiencia energética no computen como capacidad pesquera. También pide ayudas para retirar de manera selectiva embarcaciones de flotas desequilibradas, evitar que España añada obligaciones nacionales a las exigencias europeas y considerar el pescado un producto sensible en los acuerdos comerciales, de modo que las importaciones cumplan estándares equivalentes a los comunitarios. Estas medidas pueden tener consecuencias para la flota balear, aunque su efecto dependerá de cómo se concreten y de qué segmentos se beneficien. Para las embarc
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