«Se puede decir que, como empresario, estoy de luto». Mundo Moragues, propietario de Ràpita Charter , piensa en vender la embarcación que hasta esta temporada alquilaba a clientes sin titulación náutica, aunque le está costando tomar la decisión. «Era un negocio muy bueno; siempre estaba alquilada, a razón de 200 euros por día, lo que no ocurre con las que sí requieren licencia», explica. El fin de esta modalidad de chárter le deja dos salidas: vender la lancha o quedársela para uso privado. «La prohibición tendrá un impacto económico importante, pero no queda otro remedio que aceptarlo», lamenta. La situación que describe Moragues refleja el cambio al que se enfrenta una parte del sector náutico balear desde el pasado 1 de octubre. A partir de esa fecha, todas las embarcaciones de recreo destinadas al alquiler deben estar patroneadas por una persona con la titulación correspondiente, con independencia de la eslora del barco. Desaparece así la excepción que permitía alquilar determinadas barcas a motor de hasta cinco metros y 15 caballos sin exigir al cliente ninguna formación. La modificación procede del Real Decreto 1188/2025, de 26 de diciembre, que reforma el artículo 10 del Real Decreto 875/2014. La Dirección General de la Marina Mercante justifica el cambio por motivos de seguridad marítima y prevención de accidentes ya que considera que, aunque se trate de lanchas pequeñas y salidas cortas, gobernar una embarcación exige conocer las maniobras, las condiciones meteorológicas y los procedimientos básicos de seguridad. La decisión cuenta con el respaldo de parte del sector, que venía señalando los riesgos de permitir que personas sin experiencia manejaran embarcaciones de alquiler. Sin embargo, los empresarios que habían centrado su actividad en torno a este tipo de barcos afrontan ahora la pérdida de una fuente de ingresos centrada en el turismo y en la temporada estival y que, en algunos casos, obligará a echar el cierre a la empresa. Moragues asegura que su experiencia en Sa Ràpita estuvo libre de incidentes durante el tiempo que explotó esta modalidad. «En cuatro años no ha habido ningún problema, esa es la verdad, a pesar de que una mayoría de clientes no habían cogido un barco en su vida», afirma. El empresario atribuye ese balance positivo a las instrucciones previas que daba a cada usuario, con explicaciones de entre 20 y 30 minutos sobre el funcionamiento del motor y las maniobras de fondeo. «La gente, por lo general, es responsable», sostiene. También reconoce que la zona en la que operaba, Sa Ràpita, ofrece condiciones favorables, con poco tráfico de mercantes y destinos próximos a la base de alquiler. José María Jiménez, responsable de chárter de APEAM, considera acertada la prohibición, aunque critica que se permitiera desarrollar y dejar crecer este negocio durante años. A su juicio, la regulación anterior favoreció inversiones en un tipo de flota que ahora debe adaptarse o desaparecer. Algunos empresarios compraron embarcaciones, en ocasiones mediante financiación, que todavía no se han amortizado. Jiménez distingue entre el turista que alquila una lancha durante unas horas y el navegante habitual. Considera fundamental que “cualquier persona que salga al mar debe conocer la ubicación de los chalecos, los equipos de seguridad y los sistemas de comunicación, además de saber cómo actuar ante cualquier incidencia”. Al mismo tiempo, defiende revisar el sistema de titulaciones para que la formación práctica tenga más peso que los contenidos teóricos. Por su parte, Carlos Petisco, empresario y director de la Escuela del Mar de Palma, mantiene una posición más crítica con la prohibición. A su juicio, disponer de una titulación no garantiza por sí sola la experiencia necesaria para gobernar una embarcación. En su empresa, explica, las instrucciones previas forman parte del procedimiento antes de autorizar una salida. Si considera que el usuario no está preparado o que el tiempo no acompaña, puede impedir que zarpe.
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