El Gobierno de Javier Milei ha realizado una drástica reestructuración del sistema de pensiones no contributivas por invalidez en Argentina, resultado de una revisión exhaustiva que ha llevado a la suspensión de 26.141 pensiones. Desde su llegada al poder, Milei ha señalado la necesidad de limpiar las irregularidades acumuladas en el sistema, que incluyen hasta casos de documentación falsa, como radiografías de perros. Esta auditoría, que había sido suspendida hace más de un año, se ha reactivado, encontrando no solo problemas de documentación, sino también a más de 34.000 beneficiarios en revisión. Las nuevas medidas también afectan a aquellos que cobran simultáneamente otras prestaciones, así como a quienes tienen incompatibilidades patrimoniales. Estas acciones son parte del compromiso de Milei por garantizar la transparencia y asegurar que la asistencia social llegue efectivamente a quienes realmente la necesitan, marcando un cambio significativo en la política de bienestar social de Argentina. Los beneficiarios afectados tienen plazos específicos para regularizar su situación ante esta nueva política. La decisión ha generado una mezcla de apoyo y críticas, reflejando la complejidad del debate sobre la asistencia social en el país.
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