El chantaje de los peajes blandos: la expropiación del asfalto y el fin de la libertad de movimiento – Alerta Nacional La movilidad ha dejado de ser un derecho adquirido para convertirse en un artículo de lujo. Bajo el inofensivo eufemismo del «pago por uso» y la «viñeta ecológica», el Ejecutivo ha reactivado la maquinaria para imponer peajes en la totalidad de la red de autovías del Estado. Se trata de un rediseño social sin precedentes que penaliza, de forma quirúrgica, a la clase trabajadora. Quienes fueron expulsados del centro de las ciudades por la especulación inmobiliaria y dependen de sus vehículos para acudir a sus puestos de trabajo en los cinturones industriales, se enfrentan ahora a una triple tributación. El asfalto, sufragado durante décadas con el sudor del contribuyente, es expropiado por la puerta de atrás para satisfacer las exigencias recaudatorias de Bruselas y blindar un ecologismo de salón que asfixia a las rentas medias. Para comprender la verdadera dimensión del asalto a las carreteras, es imperativo desmontar la narrativa oficial que justifica los peajes blandos bajo el pretexto del «déficit de conservación». El argumento gubernamental, repetido incansablemente desde los ministerios de Transportes y Transición Ecológica, sostiene que el mantenimiento de los más de 12.000 kilómetros de vías de alta capacidad de titularidad estatal genera un agujero inasumible para las arcas públicas. La premisa es tan falaz como perversa. El ciudadano español ya financia, y con creces, el mantenimiento de estas infraestructuras a través de una telaraña impositiva asfixiante. Cada vez que un conductor reposta en una estación de servicio, más de la mitad del importe que abona corresponde a impuestos directos e indirectos, concretamente el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH) y el IVA. A este expolio diario se suma el Impuesto de Matriculación, el Impuesto de Circulación de Tracción Mecánica (IVTM) de cobro municipal, los peajes encubiertos en forma de zonas de estacionamiento regulado, y las tasas de la Inspección Técnica de Vehículos. Plantear un nuevo canon por circular sobre un asfalto hiperamortizado no es un ajuste técnico; es una declaración de guerra fiscal contra quienes no tienen alternativa de transporte. La introducción de una viñeta anual o, en su fase más agresiva, de un sistema de cobro por kilómetro recorrido mediante pórticos de lectura de matrículas (tecnología free-flow ), consagra la figura de la triple imposición. El Estado cobra por la adquisición del bien, por la energía necesaria para moverlo, y ahora pretende cobrar por el mero hecho de ejercer el derecho fundamental a la libre circulación por el territorio nacional. La ceguera de los despachos ministeriales ignora deliberadamente la geografía económica de la nación. El peaje blando es, por definición, el tributo más regresivo que se puede concebir, y su impacto dibuja una frontera invisible que segrega a los ciudadanos en función de su código postal. Las clases privilegiadas, que habitan en los almendrales centrales de las grandes urbes, disponen de alternativas de transporte público masivo, flotas de carsharing eléctrico y trayectos cortos que, a menudo, no requieren pisar una vía de alta capacidad. Por el contrario, la clase trabajadora —expulsada a la periferia y a las zonas metropolitanas periféricas debido a unos precios de la vivienda inasumibles— se ve forzada a recorrer decenas de kilómetros diarios para acceder a los polígonos industriales y centros logísticos. Un peaje por uso significa que el reponedor, el operario de fábrica, la limpiadora o el transportista autónomo sufrirán un mordisco diario en su salario, mientras el directivo que teletrabaja o se desplaza en taxi pagado por su empresa apenas notará la medida. Bajo la hipócrita bandera del progresismo, se implementa una tarifa plana al esfuerzo. Un peaje de 10 céntimos por kilómetro representa un gravamen insignificante para un salario de 80.000 euros anuales, per
Ver más en News Today