El Estado español recauda unos 42.000 millones de euros anuales del sector del automóvil, pero destina menos de 3.000 millones a mantener la red viaria. Este desequilibrio presupuestario se refleja en un deterioro visible de la infraestructura, que ha pasado de ser una de las grandes fortalezas de la economía española a una fuente de preocupación. Los datos de la Dirección General de Tráfico confirman que los siniestros con víctimas aumentaron un 5,8 % entre 2022 y 2025, pasando de 97.916 a 103.591 incidentes. En 2025 se registraron 1.775 muertos y 9.888 hospitalizados, lo que supone alrededor de cinco fallecidos al día. La tendencia al alza no es casual: la auditoría de la Asociación Española de la Carretera indica un déficit de mantenimiento cercano a los 15.000 millones de euros y que cerca de 34.000 kilómetros de vías requieren una reconstrucción urgente, frente a los 13.000 kilómetros de 2022. La AEC advierte que el estado general de la red es el peor desde finales de los años ochenta. Este colapso se produce mientras la crisis ferroviaria ha puesto de manifiesto la falta de puntualidad y mantenimiento de otras infraestructuras. La izquierda, liderada por Pedro Sánchez, ha incrementado el gasto sanitario y educativo sin mejorar los resultados, y ahora el descuido de las carreteras cobra vidas y genera costes que el contribuyente paga sin obtener servicios de calidad. La solución pasa por una gestión más eficiente, menor intervención estatal y la participación del sector privado para garantizar vías seguras sin derrochar recursos. #Carreteras #SeguridadVial #GastoPúblico #LibertadDigital Fuente: Libertad Digital
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