A pocas horas de las citas con las urnas en las elecciones legislativas de Estados Unidos, la justicia federal ha marcado un límite fundamental respecto a los procedimientos electorales. Un tribunal ha establecido que la investigación sobre una posible maniobra electoral no otorga al Gobierno la potestad de paralizar una certificación de resultados ni de intentar averiguar el sentido de unos votos que deben mantenerse en el anonimato. La controversia gira en torno a lo ocurrido en Alaska, donde la aparición en la papeleta de otro aspirante con el mismo nombre que el senador republicano que busca la reelección desató un intenso debate político y legal. Una investigación periodística previa había apuntado a contactos de operativos demócratas para favorecer candidaturas homónimas, un asunto que continúa bajo investigación penal, aunque por el momento no se han formulado acusaciones formales ni se ha demostrado la implicación directa de la candidata demócrata Mary Peltola. Lejos de limitarse a esclarecer los hechos, el Departamento de Justicia exigió que Alaska evitara certificar una hipotética victoria de Peltola si el margen de votos coincidía con los obtenidos por el segundo candidato homónimo. Sin embargo, la jueza federal encargada del caso desestimó dicha pretensión al señalar que la administración no disponía de un mecanismo legal para identificar a los votantes afectados sin vulnerar el secreto de su papeleta, destacando además la falta de un remedio judicial viable y la oposición del propio Estado de Alaska, gobernado por republicanos, a la intervención federal. El litigio adquiere una gran relevancia nacional debido a que el escaño por Alaska podría resultar decisivo para determinar el control del Senado, con encuestas muy ajustadas que reflejan una disputa muy abierta. Mientras el Departamento de Justicia ha optado por recurrir la sentencia judicial y el FBI prosigue con sus indagaciones sobre la posible conducta delictiva de la candidatura homónima, el fallo judicial delimita con claridad los márgenes de actuación: las pesquisas penales requieren pruebas concretas sobre personas determinadas, mientras que las disputas electorales no pueden servir como excusa para suspender recuentos o vulnerar el derecho al voto secreto. Fuente: Periodistas en Español #EleccionesEEUU #Alaska #Justicia #PolíticaInternacional #Democracia
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