Existe una estrategia infalible para bloquear cualquier solución a un problema real: tachar de inmoral su propio planteamiento. Es lo que ocurre en el debate público con las pensiones, convertidas en un territorio sagrado y en una herramienta clientelar protegida por consignas inamovibles. Basta con plantear la cuestión de su financiación futura para que surjan acusaciones alarmistas que buscan silenciar cualquier análisis riguroso. Resulta paradójico que quienes rechazan el diálogo acusen a los demás de confrontación. El sistema de reparto actual se sustenta en el equilibrio entre generaciones, donde la población activa sostiene a los jubilados con la expectativa de que los futuros trabajadores hagan lo mismo. Sin embargo, este compromiso está condicionado por factores demográficos implacables como la longevidad, la productividad y los salarios. Pretender que examinar estas variables supone una declaración de guerra generacional es una táctica electoralista que infantiliza a la ciudadanía. Las cifras oficiales reflejan un volumen inmenso de prestaciones mensuales y una tendencia poblacional donde los mayores de alcanzarán proporciones muy elevadas a mediados de siglo. Los organismos independientes y las previsiones económicas advierten de un incremento notable del gasto y de la insuficiencia de las cotizaciones para cubrir todas las obligaciones, requiriéndose transferencias estatales constantes. La célebre reserva o hucha de las pensiones se nutre de cotizaciones finalistas y se invierte en deuda del propio Estado, lo que evidencia que no se trata de un ahorro neto exento de tensiones fiscales. Las proyecciones muestran que las prestaciones superan en promedio a lo aportado mediante cotizaciones, cubriéndose el desfase con impuestos y deuda que recaerán sobre las próximas generaciones. La política adulta exige abandonar los sortilegios ideológicos y asumir que los recursos son limitados, gestionando con responsabilidad el conflicto entre bienes legítimos. Fuente: Disidentia
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