El Gobierno encara el tramo final de su mandato sin haber cumplido con la tramitación necesaria para aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación de aquellos sectores profesionales que registran los índices más elevados de mortalidad y bajas médicas. Esta situación de bloqueo afecta de forma directa a un colectivo estimado en torno a los dos millones de empleados en todo el país, cuyas organizaciones representativas llevan tiempo reclamando una solución urgente debido a la penosidad y peligrosidad de sus condiciones de trabajo cotidianas. El problema principal radica en que la Seguridad Social ha superado ampliamente los plazos previstos en la normativa para dar respuesta a estas demandas. La parálisis administrativa es de tal magnitud que ni siquiera se han llegado a resolver formalmente aquellas solicitudes que ya contaban con el visto bueno y el consenso previo entre las organizaciones sindicales y las patronales del sector. Este retraso indefinido genera una profunda incertidumbre entre los trabajadores afectados, que ven cómo pasan los meses sin que la administración materialice los compromisos adquiridos en materia de protección social. Las reclamaciones se centran en reconocer el desgaste físico y el riesgo inherente a determinados puestos de trabajo, permitiendo un retiro anticipado sin penalizaciones económicas excesivas. Sin embargo, la falta de avances legislativos y de gestión por parte de los ministerios competentes frena cualquier mejora efectiva para este colectivo. La situación evidencia las dificultades del ejecutivo para culminar expedientes de calado social antes de la finalización del periodo legislativo actual, dejando en el aire las expectativas de millones de personas que dependen de estas reformas para salvaguardar su salud y su bienestar en la etapa final de sus carreras laborales. Fuente: Cinco Días: economía y mercados #JubilacionAnticipada #SeguridadSocial #Sindicatos #Empleo #Economia
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