El reconocimiento de que determinados trabajos pueden deteriorar la salud hasta hacer insostenible prolongar la vida laboral no se ha traducido todavía en una solución para miles de empleados en España. Más de dos años después de que el Gobierno de Pedro Sánchez acordara con sindicatos y patronales un procedimiento para facilitar la jubilación anticipada en las profesiones más penosas, la Seguridad Social continúa sin resolver ninguna de las solicitudes presentadas. La demora deja en el aire una medida que afecta a sectores con elevados índices de accidentes, enfermedades profesionales y mortalidad, y amenaza con convertirse en otra promesa pendiente del Ejecutivo. La situación resulta especialmente llamativa porque el mecanismo se diseñó precisamente para evitar que los trabajadores tengan que esperar hasta la edad ordinaria de jubilación cuando las condiciones de su actividad representan un riesgo para su integridad física. Sin embargo, la construcción, el transporte por carretera, la hostelería y los servicios de atención domiciliaria siguen esperando una respuesta administrativa. Las reclamaciones acumuladas afectan potencialmente a unos dos millones de trabajadores. Aunque no todos acabarán beneficiándose de la medida, la falta de resoluciones impide conocer qué profesiones cumplen realmente los requisitos y cuándo podrían comenzar a aplicarse los coeficientes reductores de la edad de jubilación. El retraso también pone de manifiesto las dificultades del diálogo social para convertir los acuerdos en mejoras concretas. El pacto firmado por el Gobierno, CC OO, UGT, CEOE y Cepyme en septiembre de 2024 fue uno de los pocos grandes consensos alcanzados durante la legislatura. Dos años después, su aplicación sigue sin ofrecer resultados para los colectivos que más necesitan esta protección. La Seguridad Social, dirigida por el departamento de Elma Saiz, no ha aclarado los motivos de la paralización ni ha concretado si pretende resolver los expedientes antes de las próximas elecciones. Los sindicatos, por su parte, denuncian el incumplimiento de los plazos y advierten de que podrían recuperar las movilizaciones si el Ejecutivo no reactiva el procedimiento. Los primeros sectores en reclamar la jubilación anticipada fueron precisamente dos de los que presentan mayores problemas de siniestralidad: la construcción y el transporte por carretera. En julio de 2025, CC OO y UGT solicitaron estudiar la aplicación de coeficientes reductores en la construcción, una actividad que registró 164 muertes laborales durante ese año. La petición pretendía abrir la puerta a que cerca de un millón de trabajadores pudieran retirarse antes, aunque las centrales sindicales reconocen ahora que el número de beneficiarios podría ser considerablemente inferior. El transporte por carretera fue el siguiente en incorporarse al procedimiento. En este caso, las organizaciones sindicales consiguieron el respaldo de las principales patronales, entre ellas CETM, dedicada al transporte de mercancías, y Confebus, que representa al transporte de viajeros. La solicitud afecta a unos 570.000 empleados. Pese a esa coincidencia entre representantes empresariales y trabajadores, el expediente tampoco ha llegado a una resolución. El Gobierno disponía de seis meses para completar el procedimiento, pero ha transcurrido más de un año desde que se registraron las primeras solicitudes. Cristina Estévez, secretaria ejecutiva confederal de UGT y responsable de las políticas de Seguridad Social, considera que los plazos pactados se han incumplido de manera evidente. Según explica a El País , el Ministerio ha aludido a la falta de personal para justificar parte de la demora, aunque los sindicatos consideran que esa explicación ya no resulta suficiente. El malestar también alcanza a la representación empresarial. Carmelo González, presidente de la patronal del transporte de mercancías, ha reconocido que comprende las protestas sindicales y recuerda que su organización respaldó la pe
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