La carrera por reducir impuestos de las comunidades autónomas tendrá consecuencias millonarias para las cuentas públicas durante los próximos años. Los gobiernos regionales prevén aplicar rebajas fiscales por valor de unos 2.300 millones de euros hasta 2031, una estrategia que afectará especialmente al IRPF, la compraventa de viviendas y los impuestos sobre herencias y donaciones. Sin embargo, mientras los contribuyentes pueden beneficiarse de una menor carga tributaria, las administraciones tendrán que afrontar el reto de mantener sus ingresos y financiar los servicios públicos. Las estimaciones proceden de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha analizado los presupuestos autonómicos, las medidas tributarias aprobadas y los anuncios de los distintos ejecutivos regionales. El organismo calcula que las iniciativas destinadas a incrementar la recaudación apenas compensarán una pequeña parte de las reducciones previstas: alrededor de 250 millones de euros acumulados al final del periodo. La diferencia entre ambas cifras refleja una tendencia clara: las comunidades están apostando por una política fiscal expansiva en materia de bonificaciones y reducciones tributarias, con un impacto que irá creciendo en los próximos ejercicios. El saldo neto será especialmente negativo en 2027 y 2028, cuando la pérdida de ingresos podría alcanzar los 600 y los 770 millones de euros, respectivamente. El impuesto sobre la renta será el principal protagonista de esta estrategia. Cerca del 80% del impacto negativo sobre la recaudación autonómica procederá de las modificaciones en el IRPF, un tributo cuya gestión normativa está compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales tienen capacidad para modificar el tramo autonómico mediante reducciones de tipos, deducciones y otras ventajas fiscales. Esta autonomía permite introducir medidas adaptadas a las circunstancias de cada territorio, aunque también dificulta que los ciudadanos identifiquen qué administración es responsable de cada cambio en su factura tributaria. A esta tendencia se suman las modificaciones en sucesiones y donaciones, patrimonio y los impuestos vinculados a las operaciones inmobiliarias. En este último ámbito, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP/AJD) ha adquirido especial relevancia por su relación directa con la compraventa de viviendas. La fiscalidad inmobiliaria se ha convertido en otro terreno de competencia entre comunidades. Algunas han optado por reducir los gravámenes para determinados compradores, especialmente jóvenes y personas que adquieren su vivienda habitual, en un contexto marcado por las dificultades de acceso al mercado residencial. Andalucía figura entre las comunidades que mantendrán una política de reducciones tributarias más ambiciosa. El Gobierno de Juanma Moreno ha incorporado a sus presupuestos de 2027 nuevas medidas valoradas en más de 280 millones de euros. Entre ellas destaca una reducción de un cuarto de punto en la cuota autonómica del IRPF para contribuyentes con rentas de hasta 60.000 euros. También contempla una disminución progresiva de los tipos del ITP/AJD durante los próximos cuatro ejercicios, además de nuevas deducciones y cambios en sucesiones y donaciones. La Comunidad Valenciana también acumula importantes modificaciones fiscales. Las medidas aprobadas entre finales de 2025 y principios de 2026, junto con las reducciones previstas en el tramo autonómico del IRPF, tendrán un efecto recaudatorio superior a los 640 millones de euros. Madrid, por su parte, continúa defendiendo su modelo de fiscalidad reducida bajo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La región ha aprobado beneficios en sucesiones y donaciones y mantiene anunciadas nuevas modificaciones en los impuestos relacionados con las operaciones inmobiliarias. Cataluña representa una excepción entre las grandes comunidades autónomas. Los cambios tributarios introducidos durante 2025 y
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