La entrada en vigor de la Ley 4/2026 ha abierto un importante debate entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales de Psiquiatría. La reforma busca reforzar la autonomía de los pacientes y garantizar el consentimiento informado, pero la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental advierte de que su aplicación puede poner en riesgo la atención a personas con trastornos mentales graves. Entre los cambios se encuentra la prohibición de ingresos involuntarios por razón de discapacidad, salvo en casos de urgencia vital definidos legalmente. También se establece la obligación de facilitar apoyos a quienes necesiten ayuda para tomar decisiones y se refuerza la dignidad de los pacientes. Sin embargo, la reforma no elimina todos los supuestos de ingreso involuntario y mantiene la posibilidad de realizar internamientos no urgentes con autorización judicial previa. La Sociedad Española de Psiquiatría cree que la normativa puede dejar a muchas familias sin recursos suficientes para afrontar determinadas situaciones de crisis.
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