La llegada masiva de la inteligencia artificial a las administraciones públicas se vendió como la gran solución para agilizar la burocracia y facilitar el día a día de los trabajadores públicos. No obstante, la realidad operativa está dibujando un escenario completamente distinto y lleno de incertidumbres. La automatización de los procesos consigue, efectivamente, recortar de manera notable el tiempo que se necesita para gestionar cada expediente de forma individual. Pero este supuesto avance técnico choca de frente con un efecto colateral inesperado y de gran magnitud: se dispara de forma exponencial el número total de solicitudes que los ciudadanos y las empresas envían a las administraciones públicas. Al saber que el sistema es supuestamente más rápido y accesible, el volumen de peticiones crece a un ritmo insostenible. Esto plantea una profunda dicotomía sobre la implantación de estas herramientas tecnológicas en el sector público. En lugar de reducir la fatiga laboral y desatascar las oficinas, la tecnología genera un cuello de botella institucional que amenaza con colapsar los servicios de atención y tramitación. Los empleados públicos se encuentran gestionando una marea mucho mayor de expedientes, lo que anula la ganancia de eficiencia por cada caso aislado y traslada el problema del tiempo a la cantidad desbordante de trabajo acumulado. Las instituciones públicas deben evaluar ahora cómo encajar esta avalancha digital sin que suponga un perjuicio mayor para la estabilidad laboral de las plantillas ni para la calidad de la atención prestada a la ciudadanía, en un debate abierto sobre la verdadera utilidad y los límites de la modernización tecnológica en el Estado. Fuente: 20 Minutos #InteligenciaArtificial #AdministracionPublica #Funcionarios #Tecnologia #EmpleoPublico
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