Durante los últimos días de julio, una oleada sin precedentes de inmigrantes cruzó la frontera de Ceuta, con estimaciones que superan los ciento mil individuos. La mayor parte lo hizo nadando por la playa del Tarajal o atravesando el espigón a pie, lo que provocó un colapso total de los recursos de la ciudad autónoma. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vieron desbordados; al no recibir directrices precisas, se limitaron a socorrer a las personas más vulnerables que se encontraban en el agua, una medida que describen como la única opción viable. Los sindicatos policiales, entre ellos la Jupol, han denunciado una falta de respuesta del Gobierno y han señalado a Marruecos como responsable de la ola migratoria, calificándola de invasión. La sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2026, que prohibió las devoluciones en caliente en alta mar sin una barrera física, ha contribuido a la aceleración del flujo migratorio. En respuesta, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha propuesto excluir a España del espacio Schengen, argumentando que el país no controla sus fronteras. Mientras tanto, el Ejecutivo español, encabezado por Pedro Sánchez, minimizó la magnitud del problema, anunciando cifras muy por debajo de la realidad y describiendo la situación como normal, pese a que los centros de acogida como el CETI se encontraban ya saturados antes de la avalancha. Se instalaron campamentos temporales de carpas y una boya flotante para delimitar la zona fronteriza, pero los servicios siguen recibiendo pequeños grupos de inmigrantes. La crisis ha puesto de relieve la necesidad de revisar la política migratoria y la coordinación entre los órganos de seguridad y el Gobierno central. #Inmigración #Ceuta #Seguridad #Gobierno #Schengen Fuente: Libertad Digital
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