El Gobierno ha superado el examen jurídico más decisivo para sacar adelante su plan de control sobre las grandes infraestructuras digitales antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre. Según el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo ha desestimado las principales pretensiones de fondo promovidas por el sector privado y diversas autonomías, despejando la vía jurídica para que el Ejecutivo pueda aprobar el Real Decreto de centros de datos en Consejo de Ministros. Los recurrentes denunciaban una presunta invasión de competencias autonómicas, la vulneración del principio de reserva de ley y una supuesta falta de justificación en la tramitación urgente. El objetivo de estos cuestionamientos era obligar a reiniciar trámites para impedir que el texto viera la luz antes de los comicios. Sin embargo, el órgano presidido por Carmen Calvo aprobó el dictamen por unanimidad, respaldando con rotundidad los pilares básicos de la norma en aras de asegurar la soberanía digital, garantizar la eficiencia energética e hídrica y evitar impactos negativos en el sistema eléctrico y la generación renovable. Durante el trámite presentaron alegaciones la Comunidad de Madrid y veintitrés entidades, asociaciones y compañías, entre las que figuran las mayores eléctricas agrupadas en Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP), gigantes tecnológicos como Microsoft, operadores a través de SpainDC, constructoras como ACS y Merlin Properties, y patronales como CEOE. No obstante, el dictamen incluye cuatro observaciones esenciales que el Ejecutivo deberá introducir en el articulado para blindarse ante la previsible batalla judicial en el Tribunal Supremo. Fuente: Economía Digital #CentrosDeDatos #ConsejoDeEstado #Gobierno #SoberaniaDigital #Energia
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