El Gobierno español ha propuesto un decreto que obligará a los grandes centros de datos a utilizar energía renovable. Sin embargo, esto podría incrementar el precio de la electricidad en casi ocho euros por megavatio hora. Esto implicaría un aumento en los gastos de los hogares y empresas de casi dos mil millones de euros al año, ya que las centrales de gas tendrían que producir más electricidad. El decreto propuesto es el primero de su tipo en la Unión Europea y ha pasado una revisión técnica polémica a finales de octubre. Ahora espera la opinión del órgano consultivo más alto del gobierno antes de que se pueda tomar una decisión. Grandes empresas multinacionales de tecnología y la organización del sector Spain DC se oponen al decreto, calificándolo de ilegal y contrario al derecho de la UE, y argumentando que las inversiones se trasladarán a países vecinos con regulaciones más suaves, como Portugal. Una modelo de estudio de la organización de investigación PyPSA Labs se basa en centros de datos con un total de 4.000 megavatios, lo que equivale al objetivo de la estrategia nacional de IA de España para 2030. Sin requisitos ambientales, las centrales eléctricas combinadas en la península necesitarían quemar 45,89 teravathoras de gas adicionales al año, y las emisiones aumentarían en 9,25 millones de toneladas de dióxido de carbono. El gas costoso entonces fijaría el precio de la electricidad durante miles de horas adicionales al año. El investigador Paweł Czyzak, que presenta el estudio, dice que la coincidencia por hora es crucial porque previene al menos cuatro quintas partes de los efectos negativos en el consumo de gas, las emisiones y el precio de la electricidad. La firma de consultoría EY afirma en su propio informe que las facturas de electricidad de los hogares, en general, serán más bajas cuando se conecten más grandes consumidores, ya que los peajes de red y otros costos fijos se reparten entre un mayor consumo. Según EY, centros de datos de 3,5 a 4 gigavatios generarían entre 118 y 642 millones de euros en peajes de red en 2030, lo que podría reducir los costos de los hogares en entre 73 y 394 millones de euros al año. Sin embargo, una comparación de ambos estudios realizada por El País muestra que los consumidores aún pagarían entre 1,25 y 1,8 mil millones de euros más al año si el decreto se aprobara, además del costo de reforzar la red eléctrica. PyPSA Labs considera, al mismo tiempo, que el decreto en su forma actual es demasiado rígido, ya que el requisito del 80 por ciento se aplica a cada una de las 8.760 horas del año. Para evitar multas durante los vientos calmados y las noches de invierno, las empresas tendrían que sobredimensionar baterías y parques eólicos y solares, lo que hace que el 33 por ciento de la electricidad renovable se desperdicie. Los analistas proponen, en cambio, que el requisito se mida como un promedio anual ponderado, lo que, según ellos, mantendría los centros de datos rentables sin que los hogares paguen por la gasolina. Fuente: El País
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