La regulación de la inteligencia artificial presenta numerosos problemas debido a las tensiones entre innovación, protección de derechos fundamentales, seguridad, mercado y legitimación democrática. El uso masivo de esta nueva tecnología genera estas tensiones, que ninguna fórmula técnica puede disolver. Un tema como este debe abordarse desde diferentes perspectivas, ya que el fenómeno difícilmente puede reducirse a un marco de categorías jurídicas claramente definido. Una primera cuestión que se plantea es la IA como objeto de regulación, lo que exige profundizar en el AI Act europeo, la relación entre hard law y soft law, las disciplinas nacionales y sectoriales, y las formas de gobernanza pública y privada. El empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio de poderes públicos, como en los contratos públicos, la administración pública, los entes locales, la fiscalidad y la organización administrativa, muestra cómo la automatización no solo afecta a los instrumentos de la acción pública, sino también a sus garantías: transparencia, motivación, responsabilidad, control humano e imputabilidad de la decisión. La eficiencia de los dispositivos parece una promesa importante, pero nunca del todo suficiente para legitimar cada uso posible. El derecho, con su habitual lentitud, está llamado a establecer qué segmentos de la decisión pueden confiarse a la máquina y cuáles deben permanecer bajo la responsabilidad humana. Pero se debe tener plena conciencia de que tanto las máquinas como los cerebros son propensos a condicionamiento y errores, quizás diferentes pero no por ello inconmensurables. Y luego no se puede dejar de considerar el formidable impacto sobre los derechos fundamentales y, en particular, sobre las situaciones de vulnerabilidad. Discapacidad, sanidad digital, confidencialidad de los datos, consentimiento informado, justicia predictiva, riesgos discriminatorios asociados a los sistemas automatizados: en todos estos ámbitos la inteligencia artificial se presenta tanto como una enorme oportunidad como un factor de riesgo. El uso de sistemas de IA puede ampliar el acceso a servicios, cuidados y herramientas de inclusión, pero también puede acentuar asimetrías, opacidad y dependencias decisionales. En este equilibrio, renunciar a las ventajas por miedo a las posibles derivas parece insensato, pero obliterar los peligros cediendo a un entusiasmo ingenuo sería imprudente. En el plano teórico y constitucional surge la pretensión de incorporar valores jurídicos y éticos en los sistemas técnicos, la retórica o la pretensión de una IA confiable, la ética en el diseño. Se asiste a la transformación del constitucionalismo en el entorno digital y al creciente papel de los sujetos privados en la definición de reglas, estándares y arquitecturas decisionales. La inteligencia artificial es un dispositivo que obliga a repensar la forma en que el derecho produce categorías, distribuye responsabilidades e instituye y regula espacios de decisión pública. ¿Qué límites deben imponerse a la automatización del juicio, qué espacio queda para la convicción humana, cómo evitar que la eficiencia predictiva se traduzca en compresión de las garantías, qué papel puede desempeñar aún el derecho cuando la técnica pretende anticipar, clasificar u orientar la decisión? Para los tipos del Editoriale Scientifica en la Colección 'T
También lo cubren: Formiche.net (Italia), il manifesto, il manifesto (Italia).
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