En un mundo donde la información es más accesible que nunca, la capacidad de las instituciones para generar consensos se ha visto seriamente afectada. Durante buena parte del siglo XX, existía un acuerdo básico sobre los hechos que servían de punto de partida para el debate público. Sin embargo, a medida que aumentaba el volumen de información disponible, disminuía la capacidad de las instituciones para transformar ese conocimiento en consensos compartidos. La expansión del acceso a la información ha venido acompañada de un fenómeno inesperado: la creación de espacios informativos cerrados donde grupos distintos de ciudadanos consumen versiones radicalmente diferentes de una misma realidad. La consecuencia se observa a diario: lo que para unos constituye una evidencia contrastada, para otros forma parte de una manipulación interesada. La discusión deja entonces de girar alrededor de las soluciones y comienza a trasladarse hacia la existencia misma del problema. Lo verdaderamente significativo no es únicamente la proliferación de errores o falsedades. Lo que caracteriza este tiempo es que una parte creciente de la ciudadanía ya no cuestiona únicamente las conclusiones. Cuestiona también la legitimidad de quienes las emiten. La actual crisis de confianza en las instituciones tiene también otras raíces, como las secuelas de la crisis financiera de 2008, el aumento de desigualdades y la sensación de que los beneficios de la globalización no se repartieron de manera equilibrada. Las redes sociales amplificaron este proceso, pero no lo crearon. Cuando una parte de la población comienza a pensar que el sistema económico ya no responde a sus expectativas, la desconfianza rara vez se detiene en la esfera económica. Termina extendiéndose hacia gobiernos, parlamentos, medios de comunicación y otros actores clave.
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