Amnistía Internacional exige romper el poder de los combustibles fósiles sobre las decisiones políticas de los países más contaminantes. Reclama una salida rápida, justa y financiada, impuestos a los grandes responsables y protección para las comunidades afectadas. La organización denuncia la falta de voluntad política y el negacionismo en las decisiones climáticas. Ante la COP31 de Antalya en Turquía, Amnistía exige dejar de respaldar a la industria contaminante y acelerar una eliminación progresiva del carbón, el petróleo y el gas que proteja los derechos humanos. Exige también incluir financiación suficiente y responsabilidades claras. Los países y sectores que más han contribuido a la crisis climática deben asumir su parte, mientras las comunidades vulnerables necesitan protección efectiva frente a daños que ya están sufriendo. Marta Schaaf, responsable de justicia climática y rendición de cuentas empresarial de Amnistía Internacional, critica que los dirigentes sigan evitando enfrentarse a sus aliados de la industria fósil. La organización exige transformar compromisos futuros en decisiones presentes: recortar emisiones, financiar la transición y limitar los daños. La advertencia del PNUMA sobre el sobrepasar del umbral de 1,5 °C refuerza la urgencia de reducir las emisiones contaminantes. Amnistía alerta de daños irreparables y del peligro de activar puntos de inflexión. Convertir el sobrepasamiento en una excusa para ‘tirar la toalla’ sería otra forma de retrasar la respuesta. La organización exige limitarlo y proteger desde ahora a quienes afrontan sequías, incendios de sexta generación, inundaciones y subida del nivel del mar. Amnistía exige romper el poder de los combustibles fósiles sin descargar la transición sobre trabajadores, pueblos indígenas o comunidades afectadas. La electrificación debe apoyarse en renovables y respetar sus derechos. Reclama un Mecanismo de Belém-Antalya para una Transición Justa sólido y la aplicación del Plan de Acción sobre Género, con garantías para las defensoras ambientales. Defender bosques, agua y territorio debe poder hacerse sin intimidación ni represalias. Los países más ricos y con mayor responsabilidad histórica deben aumentar la financiación mediante subvenciones, sostiene la organización. Propone obtener recursos con un incremento de impuestos a las personas ultrarricas, las empresas fósiles y sus financiadores. La solidaridad necesita presupuesto y condiciones que no multipliquen la deuda. La AIE estima que los subsidios mundiales al consumo de combustibles fósiles alcanzaron 600.000 millones de dólares en 2024. Incluyen mecanismos que abaratan precios para el consumidor final, no únicamente transferencias directas a empresas. Reformarlos conlleva proteger a los hogares vulnerables, pero también revisar qué dependencia sostienen. Los países deben explicar por qué mantienen incentivos fósiles mientras alegan dificultades para financiar la salida de ese modelo: la escasez presupuestaria también se decide al repartir el dinero público. #AmnistíaInternacional #CombustiblesFósiles #COP31 #TransiciónJusta #ProtecciónComunidades
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