Las organizaciones agrarias han acogido favorablemente la entrada en vigor del mecanismo de regulación del mercado del aceite de oliva, una reivindicación histórica del sector productor que busca frenar las fuertes oscilaciones de precios y evitar que los agricultores tengan que vender por debajo de sus costes de producción. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece la retirada temporal del 12 % de la producción mensual de aceite de oliva a partir de noviembre, lo que supondrá inmovilizar inicialmente entre 185.000 y 200.000 toneladas durante la campaña 2026/2027. El Ministerio de Agricultura establece la retirada del mercado del 12 por ciento del aceite de oliva. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha sido una de las organizaciones que más intensamente ha trabajado para conseguir la aprobación y activación de este instrumento, que considera imprescindible para corregir los desequilibrios de un mercado caracterizado por una elevada volatilidad y por la caída de los precios en origen, especialmente perjudicial para las explotaciones de olivar tradicional. Su secretario general, Cristóbal Cano, ha destacado la importancia de contar con mecanismos que permitan ordenar la oferta y evitar que los excedentes de producción provoquen desplomes de las cotizaciones. Aunque reconoce que la medida no constituye una solución definitiva a los problemas del sector, confía en que contribuya a recuperar unos precios que permitan cubrir los costes de producción. Junto a su valoración positiva, UPA ha reclamado que las comunidades autónomas, responsables de las labores de control, extremen la vigilancia sobre las declaraciones de producción de las almazaras. En particular, ha advertido del riesgo de que se comuniquen cantidades anormalmente elevadas correspondientes al mes de octubre, que queda excluido de la obligación de retirada, con el objetivo de eludir parcialmente la aplicación de la medida. La organización también ha expresado su desacuerdo con que la resolución no establezca diferencias en función de la calidad del aceite. UPA había defendido que se priorizara la retirada de los aceites de inferior calidad, una propuesta que finalmente no ha sido incorporada por el Ministerio de Agricultura. Pese a estas limitaciones, considera que la activación del mecanismo supone un avance importante en la capacidad del sector productor para intervenir ante situaciones de desequilibrio del mercado. Además, entiende que puede servir de referencia para desarrollar instrumentos similares en otras producciones agrarias, como los cereales, que también sufren importantes distorsiones de precios. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también ha celebrado la puesta en marcha de la autorregulación, que califica como un “hito histórico” después de casi una década de reivindicaciones. Su responsable del sector del olivar, Francisco Elvira, ha defendido que el almacenamiento temporal de parte del aceite en campañas de elevada producción permitirá amortiguar las oscilaciones del mercado y disponer de mayores existencias cuando las cosechas sean más reducidas. “Esta medida se ha peleado mucho porque estamos convencidos de que aportará la estabilidad que el sector necesita desesperadamente. Beneficia tanto a los agricultores como a los consumidores al final.”
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