El procurador general de la República, Paulo Gonet, ha solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda todos los procesos contra la medida provisional que prohíbe las casas de apuestas en Brasil. Gonet argumenta que la aparición de procesos sobre la validez de la medida provisional, incluso con la discusión ya en curso en el Supremo, causa un 'cuadro de inseguridad jurídica y aplicación asimétrica de la norma'. Cita 14 procesos como ejemplo. Esta movimentación ocurre tras una controversia en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF-3) que involucra a tres casas de apuestas. La desembargadora Adriana Pileggi concedió una liminar que autorizó a tres casas de apuestas a volver a funcionar. Poco después, el presidente de la Corte, desembargador Luís Antonio Johonsom di Salvo, suspendió los efectos de la liminar. Pileggi entendió que el término 'interés público' utilizado para hablar de la protección de la salud no da al Ejecutivo un 'poder mágico' para alterar el compromiso firmado a través de la legislación, 'corriendo el riesgo de descrédito total en relación con los contratos efectuados con la Administración Pública'. Para ella, hubo un'verdadero confisco' de las outorgas de R$ 30 millones, dinero que no será devuelto por el gobierno del presidente Lula (PT). Mientras tanto, el presidente del TRF3 reconoció la existencia de un manifiesto interés público y de riesgo concreto de grave lesión a la orden pública. Según el magistrado, la política pública de protección al consumidor y al apostador exige una aplicación uniforme. 'La mantenimiento de la tutela concedida introduce un escenario de inestabilidad normativa incompatible con la gestión de política pública de alcance nacional, comprometiendo la coherencia y efectividad de la actuación administrativa, mormente ante el potencial efecto multiplicador que la subsistencia de la decisión antecipatória puede ensejar', afirmó. La prohibición de las bets entró en vigor el 25 de septiembre de 2026. El día 5 de octubre, diez días después de la publicación, terminaba el plazo para que los usuarios retiraran sus saldos. Al día siguiente, todas las plataformas ya deberían estar fuera del aire. La extinción completa de las autorizaciones que costaron R$ 30 millones se dio un mes después de la publicación, el 25 de octubre, mismo día del segundo turno de las elecciones. La discusión en el Supremo está bajo la relatoría del ministro Luiz Fux. Durante una audiencia pública, él señaló apoyo a la extinción de las casas de apuestas. El caso, sin embargo, aún va al pleno. Entidades deportivas llevaron al magistrado preocupaciones sobre la pérdida de ingresos debido al fin de los contratos de patrocinio. Desde la regulación del sector, las bets ampliaron sus relaciones comerciales con el fútbol brasileño a través de patrocinios y naming rights, contratos que asocian el nombre de una marca a estadios o competiciones. En Salvador, la Arena Fonte Nova pasó a llamarse Casa de Apostas Arena Fonte Nova, en contrato de cuatro años. En marzo de 2026, los Aflitos, del Náutico, adoptaron el nombre Estádio Esportes da Sorte Aflitos. En Natal, la Casa de Apostas Arena das Dunas tiene contrato de naming rights válido hasta 2029. Ya el Feira Futebol Clube suspendió el uso del nombre Superbet Arena tras la publicación de la MP. Los naming rights aún alcanzan los principales campeonatos deportivos del país. El Campeonato Brasileño pasó a llamarse Brasileirão Betano y la Copa de Brasil se convirtió en Copa Betano de Brasil. La Copa de Brasil aún tenía, además de Betano, Superbet, Betnacional y Betesporte entre sus patrocinadores. La dimensión financiera va más allá de estos contratos. Solo los patrocinios de las casas de apuestas a los clubes de la Serie A superaron R$ 1 billón en 2025. Un levantamiento citado por el Sinafut calcula cerca de R$ 1,14 billón, mientras que otro levantamiento publicado este mes señala R$ 1,03 billón. Las bets pasaron a tener aval jurídico en Brasil gracias a una ley sancionada por el entonces presidente Michel Temer (MDB) a finales de su mandato (12 de diciembre de 2018). La norma determinaba que el gobierno federal debía regular
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