El sistema judicial español enfrenta un serio problema de retraso en la ejecución de sentencias. Según los datos, el número de ejecuciones pendientes ha escalado un 26,4% en la última década, superando los 3,1 millones de casos. La jurisdicción civil es la más afectada, con un 83% del total de sentencias sin ejecutar. Este retraso afecta no solo a la justicia, sino también a la sociedad en general, ya que muchas personas esperan justicia por años sin obtener una resolución. La situación exige una revisión urgente del sistema para evitar mayores consecuencias en la confianza ciudadana.
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