En España, la mentira para tumbar a un gobierno parece tener premio: salir de la cárcel, cobrar cientos de miles de euros o aspirar incluso a ingresar un millón. Delincuentes confesos y condenados por corrupción han desplegado durante los dos últimos años un variado catálogo de acusaciones falsas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la esperanza de resolver sus problemas judiciales. Todo comenzó hace dos años en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Víctor Aldama, preso en Soto del Real, llega para declarar de manera voluntaria. Es un empresario imputado en el caso mascarillas. La Audiencia Nacional investiga el supuesto pago de mordidas tras la adjudicación de un contrato para adquirir material sanitario por 20 millones de euros en lo peor de la pandemia. Aldama interviene en ese negocio como jefe de una trama delictiva que corrompe al ministro José Luis Ábalos. El comisionista gana 3,4 millones en aquella operación y reparte el botín con Ábalos y su principal asesor en el Ministerio, Koldo García. Aldama decide confesar su culpa y 'colaborar con la Justicia'. Para entonces, la UCO de la Guardia Civil ya ha conseguido reunir decenas de pruebas de los delitos cometidos por el empresario. Pero Aldama lleva un mes preso por otra causa mayor, un fraude fiscal vinculado al negocio de hidrocarburos, y busca con la delación una salida a su situación desesperada. Frente al juez Ismael Moreno, que investiga el caso mascarillas, muestra su disposición a colaborar con la Justicia. El letrado José Antonio Choclán pide por la tarde la libertad de su cliente al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa de hidrocarburos que mantiene en prisión preventiva a Aldama. El fiscal del caso, también Luis Pastor, apoya la petición porque el preso 'ha facilitado datos relevantes para el esclarecimiento' del caso Koldo. En realidad, el informe de la UCO que el juez manejaba desde un mes antes ya esclarecía y acreditaba los delitos cometidos. Las únicas novedades que aporta Aldama al caso implican en falso a otros dirigentes del Gobierno de Sánchez. Pedraz firma la orden de libertad para Aldama a las 20.28. El comisionista abandona Soto del Real una hora después y amenaza al presidente del Gobierno: 'Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho'. La sorpresa ante la excarcelación de un imputado que oculta supuestamente una fortuna en el extranjero hace que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal del caso, Luis Pastor, tengan que dar explicaciones a través de una nota que no aclara las dudas ni ahuyenta las sospechas. Nadie se explica todavía hoy en la Fiscalía cómo se dejó libre a alguien por una supuesta colaboración con la Justicia que no fue tan relevante para esclarecer el caso y, además, estuvo plagada de falsedades. Cuenta Aldama al juez que la visita de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a España estaba perfectamente planificada por el Gobierno de Sánchez pese a saber que lo tenía prohibido por la Unión Europea. Una acusación que ninguna investigación ha acreditado. Cuenta Aldama que estaba prevista una reunión con la fiscal general del Estado. Pero en esa fecha Dolores Delgado aún no había tomado posesión de su cargo y el fiscal interino era Luis Navajas. Cuenta Aldama que tenía una 'amistad más personal' con Ángel Víctor Torres, al que acusa de pedir 50.000 euros por un contrato de mascarillas. El ministro acredita que no mantenía ninguna relación con él. #España #Corrupción #Gobierno #CasoMascarillas #VíctorAldama #LibertadCondicional #AcusacionesFalsas
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