Una sentencia de primera instancia en Madrid ha declarado la nulidad de un contrato de permuta financiera, conocido como swap, suscrito por un ayuntamiento. La resolución destaca la obligación del banco de explicar los riesgos del producto de manera clara y suficiente. El ayuntamiento ha ganado la demanda y el banco debe restituir más de 4.600.000 euros, además de los intereses legales desde el pago de cada liquidación. La sentencia subraya que las advertencias genéricas no son suficientes para cumplir con el deber de informar. La protección también puede alcanzar a empresas y administraciones que carezcan de conocimientos especializados en derivados. Unive Abogados ha facilitado la sentencia, que señala que contar con personal encargado de tesorería, intervención o gestión presupuestaria no acredita los conocimientos específicos necesarios para entender un swap. La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige una información clara y suficiente sobre los riesgos del swap antes de contratarlo.
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